La ley 1.029 de setiembre de 1880, sancionada por el gobierno nacional, fue ratificada por la legislatura provincial. Esa simple ratificación provoco la primera entrega: Los bonaerenses (apodados así después) fuimos despojados de la ciudad de Buenos Aires.
Los legisladores de entonces no valoraron el sacrificio y ejemplo del Gobernador Carlos Tejedor, quien dio lucha armada en defensa de la Provincia. Por el contrario- tal como cuenta la historia-, sin ofrecer resistencia, al gobierno porteño, los legisladores provinciales concretaron la primera entrega.
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El gobernador Alejandro Armendáriz (UCR, 1983-1987) permitió destrabar el acuerdo entre los gobernadores y la Nación firmando el Convenio Transitorio de 1986, cediendo un porcentaje de la coparticipación que le correspondía a Buenos Aires. Asimismo, ratificó la cesión en el proyecto de ley de presupuesto de 1987 (ley 10.475). Otra vez, nuestros legisladores olvidaron la defensa de Carlos Tejedor y llevaron a cabo la segunda entrega, que implicó el establecimiento definitivo del déficit estructural de la Provincia, no resuelto aún pese a la compensación del Fondo del Conurbano, que permanece congelado desde 2002.
La presión obscena del gobierno sobre la actual Procuradora General de la Corte, María del Carmen Falbo, para que renuncie a su cargo, a pesar de que es inamovible y vitalicio, para nombrar al actua l Secretario de Legal y Técnica, Julio Conte Grand, da inicio al proceso de construcción de la tercera entrega histórica.
Curiosamente las dos anteriores representaron mutilaciones a nuestra querida provincia para el exclusivo beneficio de los porteños. A la vista está el ejemplo: Conte Grand tiene como principal antecedente para pedir el cargo el haber sido procurador de la Ciudad de Buenos Aires.
Si se concreta la intención de enviar su pliego al Senado para reemplazar a Falbo (en caso que renuncie), la jugada representaría entregar la defensa de los intereses de la sociedad, la tutela del interés público y garantías de los habitantes y la vigilancia por la limitación de los ejercicios abusivos, según lo establece el artículo 1º de la Ley Orgánica de la Procuración General.
Es impensable que la conducción de todos los fiscales y defensores provinciales de nuestra Provincia quede en manos de un porteño, por más pergaminos que posea. La propia realidad -la actualidad- así lo demuestra. En ocho meses de gestión al frente de la Secretaría Legal y Técnica, Conte Grand no ha hecho valer sus pergaminos. Peor aún: sus errores le costaron varios sacudones a la administración de María Eugenia Vidal. Este portal dio cuenta de ellos como ninguno.
Conte Grand, el custodio de la firma de la Gobernadora y de los Ministros, cometió una serie de “errores de redacción” -algunos de ellos francamente obscenos, si es que se trató realmente de errores- que expusieron a Vidal ante la opinión pública.
Uno de ellos tuvo que ver con las varias redacciones y correcciones que sufrió el decreto mediante el cual se buscaba obligar a funcionarios a presentar sus declaraciones juradas periódicamente y que imponía penas de prisión a periodistas “o terceros” que dieran cuenta de la información en ellas contenida.
Otro, para nada menor, abría las puertas para la privatización de las terminales portuarias bonaerenses. También se atribuyó a un problema de redacción el decreto que establecía que “las Unidades Portuarias serán otorgadas en concesión al sector privado”. En ambos casos, la Gobernadora debió dar marcha atrás y pagar parte del costo político. Sólo una parte: a la porción más onerosa la abonó la Escribana General, María Eva Guida, que debió dejar su cargo.
Es absurdo que un extraño a nuestra provincia genere y aplique la política criminal en todo el territorio.
Y es agraviante que además de todo ello, ocupe el cargo de modo vitalicio e inamovible.
El futuro de la Provincia debe ser un espejo de lo mejor de su historia, sirviendo para ello el aprendizaje de los errores del pasado.
Si llegara la ocasión de que nuestros senadores deban intervenir en la evaluación de cualquier propuesta, no deberán olvidar el mandato de su pueblo en defensa de los intereses provinciales, ni las lecciones de la historia. Sólo así se evitará la tercera entrega.
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