En un contexto marcado por las tensiones fiscales y la puja con los sectores más vulnerables, el presidente Javier Milei firmó este sábado el veto a las leyes aprobadas por el Congreso que proponían un aumento a los haberes jubilatorios y la declaración de emergencia en discapacidad. Ambas normas habían sido aprobadas con amplio consenso parlamentario a principios de julio, pero el Ejecutivo las rechazó de plano y apostó a sostener el veto en la Cámara de Diputados.
El contenido de los decretos se conocerá oficialmente este lunes con su publicación en el Boletín Oficial, pero desde Casa Rosada ya confirmaron la decisión. Se trata de una jugada política delicada que tensiona aún más las relaciones entre el Gobierno y los bloques opositores, en un momento clave donde también se negocia el cierre de alianzas para las elecciones nacionales de octubre.
Las leyes vetadas implicaban un incremento real del 7,2% en los haberes, la suba del bono previsional de $70.000 a $110.000 con actualización por inflación, y la restitución por dos años de la moratoria previsional, permitiendo el acceso a una jubilación mínima para quienes no llegaran a los 30 años de aportes. En paralelo, la otra norma declaraba la emergencia nacional en discapacidad, con medidas para proteger derechos y garantizar atención a uno de los sectores más vulnerables del país.
La decisión de Milei no fue sorpresiva: semanas atrás, en la Bolsa de Comercio, el presidente había anticipado que vetaría cualquier medida que pusiera en jaque su política de superávit fiscal. “Aún si se dieran las circunstancias para que el veto se cayera, lo vamos a judicializar. Aún si se diera el peor de los casos, el daño sería mínimo”, aseguró entonces, aludiendo al escenario legislativo.
En Diputados, la ley había sido aprobada con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, por lo que el desafío del oficialismo está en impedir que la oposición reúna los dos tercios necesarios para revertir el veto presidencial. En el PRO, principal aliado parlamentario de La Libertad Avanza, todavía no hay una postura unificada.
Repercusiones: de Di Tullio a Grabois y Ocaña, todos contra el veto
La decisión del Ejecutivo generó fuertes reacciones en un amplio espectro político. Desde el kirchnerismo hasta la izquierda y el socialismo, pasando incluso por sectores aliados, el repudio fue contundente.
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El intendente Juan Ibarguren reconoció que la baja en la recaudación y el desplome de la coparticipación dejaron al municipio sin fondos para afrontar los salarios de julio. Asegura que devolverá el dinero con recursos propios.
La senadora Juliana Di Tullio, muy cercana a Cristina Kirchner, solo escribió “Insistiremos” en redes sociales. Juan Grabois, referente del Frente Patria Grande, fue más allá: tildó a Milei de “servil” y lo acusó de “quitar fondos a los vulnerables para dárselos a los poderosos”. “Son nuestros abuelos sin remedios, son nuestros hermanos con discapacidad. Que no nos sea indiferente”, remató.
Desde el cordobesismo, la diputada Natalia de la Sota, hija del fallecido gobernador José Manuel, llamó directamente a rechazar el veto: “Una vez más, Milei anula leyes del Congreso. Propongo que todos en el Congreso rechacemos de inmediato su decisión”.
En tanto que desde Unión por la Patria, Gabriela Estévez habló de “crueldad sin límites”, mientras que su compañero Eduardo Toniolli desafió a los gobernadores “dialoguistas”: “¿Van a defender a los agredidos por Milei o a entregarlos otra vez?”.
Otros legisladores kirchneristas también alzaron la voz. Ricardo Herrera lo calificó como “indignante”, Hilda Aguirre lo llamó “un golpe cruel”, Julio Pereyra dijo que el presidente “vuelve a mostrar su verdadero rostro” y Gisela Marziotta lo rebautizó como el “Señor Motosierra”.
En la izquierda, la diputada Myriam Bregman denunció que el veto es “un mecanismo monárquico” y comparó a Milei con un “pequeño virrey al servicio del FMI”. Nicolás del Caño exigió “un paro nacional y movilización”, mientras que Gabriel Solano apuntó: “A los ruralistas les regalaron 2.000 millones de dólares. La motosierra es solo para el pueblo”.
La socialista Graciela Ocaña, hoy diputada porteña, también se sumó al repudio: “Vetar leyes para personas con discapacidad y jubilados no es valentía, es crueldad. Una vez más, el ajuste lo pagan los que más lo necesitan”.
La negociación con los gobernadores: votos a cambio de fondos
La clave ahora está en la Cámara baja. El oficialismo no solo necesita retener los votos propios, sino además asegurar respaldos entre los bloques federales y aliados, incluidos aquellos gobernadores con quienes mantiene negociaciones abiertas.
Durante las últimas semanas, el jefe de Gabinete Guillermo Francos recibió a mandatarios como Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Leandro Zdero (Chaco), entre otros. El Gobierno busca compensaciones en fondos y obras para garantizar sus apoyos.
Pero el contexto es tenso: a cinco días del cierre de alianzas electorales, con cinco gobernadores que impulsan un nuevo espacio federal, las certezas parlamentarias son pocas. El resultado del debate en Diputados será una nueva prueba de fuerza para el oficialismo, que ya vetó otras leyes como la de financiamiento universitario, sin lograr revertir el desgaste político.
