El Gobierno enviará 150 pliegos judiciales al Senado, con la Corte Suprema en la mira

El Gobierno anunció hoy que enviará al Senado los pliegos de 150 jueces federales de todo el país, un paso que busca abrir negociaciones políticas en el ámbito judicial. Aunque los pliegos no se remitirán de inmediato, sino la semana próxima, la estrategia de la Casa Rosada es aprovechar este lapso para negociar con gobernadores y otros interlocutores del Senado, con el fin de obtener apoyo para los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema.

La movida implica una presión estratégica para alcanzar un acuerdo más amplio que permita destrabar los nombramientos judiciales pendientes. Desde el entorno de Javier Milei, están abiertos a modificar los nombres en una veintena de juzgados claves a cambio de lograr respaldo para los dos candidatos del Gobierno a la Corte. La necesidad es urgente: en diciembre, cuando el juez Carlos Maqueda cumpla 75 años, quedarán en funciones solo tres miembros de la Corte, lo cual obligaría a recurrir a conjueces para emitir fallos en caso de desacuerdo.

Sebastián Amerio, secretario de Justicia, fue el encargado de hacer el anuncio oficial en la Casa Rosada, remarcando la importancia institucional de los pliegos. “Este Gobierno recibió una pesada herencia, con una vacancia del 30% de jueces y del 50% de fiscales, lo cual hacía imposible que el sistema funcionara correctamente. Es como jugar un partido de fútbol con tres jugadores menos”, expresó Amerio.

Además, agregó que la aprobación de estos pliegos requiere del Senado y de “un acuerdo entre los distintos partidos políticos que conviven en esa Cámara”. Amerio, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, explicó que espera que las fuerzas opositoras actúen con responsabilidad para destrabar el proceso.

Las negociaciones del Gobierno

El Gobierno pretende remitir los pliegos no solo de jueces, sino también de fiscales y defensores, en un intento de reducir el alto nivel de subrogancias que afecta la agilidad del Poder Judicial. Con esta estrategia, la administración de Milei intenta aprovechar las 161 ternas enviadas por el Consejo de la Magistratura como una herramienta de negociación.

En la Casa Rosada admiten que un acuerdo con Cristina Kirchner, quien controla parte de los bloques peronistas en el Senado, está “completamente caído”. Según trascendió, el Instituto Patria estaría dispuesto a votar por Ariel Lijo siempre que se retire García Mansilla y se nombre en su lugar a una mujer elegida por el peronismo, con miras a un proyecto que ampliaría la Corte a nueve miembros. Sin embargo, desde el entorno de Milei rechazaron la propuesta, señalando que “Lijo es de ellos”, y dejaron claro que, si no hay voluntad de negociar, avanzarán con otras alternativas.

En las últimas semanas, el Gobierno enfocó las conversaciones hacia gobernadores del radicalismo y del peronismo no kirchnerista, con la esperanza de encontrar apoyo en provincias con vacantes judiciales críticas, como Mendoza, Río Negro, Chubut, Chaco, Santa Fe y Tucumán.

Otro factor en juego es el rol de Mauricio Macri, quien ha instado a Milei a priorizar la “institucionalidad” para restablecer la “confianza”. En el Pro, esperan que la Casa Rosada consulte sus decisiones en un tema tan sensible como las vacantes judiciales, aunque no parece haber consideración en este sentido.