El Gobierno nacional avanza con la posibilidad de aprobar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), esquivando así la intervención del Congreso. En diálogo con INFOCIELO, el abogado constitucionalista Julián Portela advirtió que esta estrategia “está forzando los límites de la normativa” y que, en caso de concretarse, sería “directamente inconstitucional”.
¿Qué dice la Constitución Nacional?
“El hecho del uso del DNU ya es forzar el marco ordinario de las cosas, porque DNU quiere decir Decreto de Necesidad y Urgencia”, explicó Portela. “En el caso puntual del arreglo de la deuda externa, la Constitución lo prevé, pero siempre encabeza el Congreso. Los artículos que expresamente lo mencionan son el artículo 4, que es histórico y está desde 1853, y el 75 en sus incisos 4 y 7, donde se establece que le compete solo al Congreso la aprobación del acuerdo de cualquier préstamo internacional”. En este sentido, destacó que la utilización del DNU en esta materia “busca sortear la intervención del Senado”, y advirtió que si el decreto implicara la firma del acuerdo directamente, su invalidez sería aún más evidente.
Además, Portela explicó por qué la Constitución establece este procedimiento: “Es uno de los temas más sensibles. Es como si tuvieras que sacar una hipoteca: que te cortes solo cuando está todo el patrimonio familiar en juego es algo que no está bien, te van a mirar de reojo y te van a decir que me tendrías que haber consultado. Por eso, lo que se pide es que todas las fuerzas políticas estén presentes para debatir y que el Congreso intervenga obligatoriamente“.
Antecedentes y posibles judicializaciones
En cuanto a antecedentes similares, el constitucionalista recordó el decreto firmado en 2018 por el entonces presidente Mauricio Macri para ampliar y renegociar la deuda con el FMI. Sin embargo, aclaró que no se trató de un DNU, sino de un decreto simple. “Después tenemos una ley en el medio, la llamada ‘Ley Guzmán’, impulsada por el entonces ministro de Economía, que estableció explícitamente que cualquier renegociación con el FMI debía pasar por el Congreso. Esa ley también invalidaría cualquier intento del Gobierno de aprobar un acuerdo mediante un DNU“, afirmó.
Sobre las implicancias legales y políticas de esta maniobra, Portela anticipó que la medida probablemente terminará judicializada. “El famoso decreto de Macri todavía está judicializado, con acciones de amparo iniciadas en distintos puntos del país, incluso en La Plata. Es muy posible que este DNU también sea impugnado ante la Justicia. Casi todas las medidas que está tomando este Gobierno están en el fleje o después del fleje, entonces todo termina en la Justicia“, advirtió.
En ese sentido, explicó que el Congreso aún podría intervenir: “Los propios diputados pueden iniciar acciones judiciales, o en Diputados podría salir una norma invalidando el decreto. También la Comisión Bicameral puede rechazarlo cuando lo reciba. Sin embargo, todo indica que las primeras impugnaciones van a ser judiciales, y que lo más probable es que se presenten acciones o medidas cautelares en los tribunales”.
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Finalmente, Portela evaluó la estrategia política detrás de esta decisión. “Este Gobierno tiene una política de jugar al límite, de marcar la cancha y después ver si es legal o no. Todo indica que va a firmar el acuerdo y que lo único que quiere es que el Congreso esté anoticiado para que no sea tan ilegal el tema“, concluyó.
