Controversia por los exámenes de idoneidad en la administración pública: CTA-Capital presentó una acción de amparo

El Gobierno de Javier Milei anunció que la próxima semana dará inicio a los exámenes de idoneidad, un proceso que evaluará el desempeño de los trabajadores estatales. En esta primera etapa, los exámenes abarcarán a aproximadamente 40.000 empleados que se encuentran en planta transitoria, bajo contrato o como monotributistas.

Fuentes oficiales precisaron que el objetivo de estos exámenes no es actuar como un filtro, sino establecer un “estándar básico” que garantice que los empleados que integran la administración pública cumplan con ciertos requisitos de rendimiento y competencias. Estos exámenes se aplicarán tanto para la renovación de contratos como para nuevos ingresos al Estado nacional, y estarán acompañados de la presentación del certificado de antecedentes penales.

Las pruebas se dividirán en dos categorías: una destinada al personal administrativo y otra a los profesionales. Se evaluarán habilidades como comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y, en el caso de los profesionales, conocimientos específicos sobre la administración pública. Las evaluaciones, que se realizarán en establecimientos designados, consistirán en entre 20 y 24 preguntas que los empleados deberán responder en una hora. El resultado será comunicado de inmediato al participante, aunque no se hará público ni se utilizará para crear rankings.

El Ejecutivo señaló que los empleados públicos tendrán hasta tres oportunidades para aprobar los exámenes, y se está evaluando la posibilidad de extender los contratos de aquellos que no aprueben en su primer intento. Para inscribirse en los exámenes, los trabajadores deberán sacar un turno a través de una página web oficial que el Gobierno habilitará para este fin.

Una estrategia para un “Estado eficiente”

Estos exámenes forman parte de una estrategia más amplia del Gobierno nacional para reducir y reestructurar el aparato estatal. Desde el inicio de la gestión, el Ejecutivo ha impulsado un recorte en el número de empleados públicos. Según cifras oficiales, durante la administración de Milei se redujo en un 33% el número de autoridades superiores, y más de 250 áreas administrativas fueron cerradas, lo que implicó la eliminación de 30.000 puestos de trabajo, lo que representa un descenso del 7,8%. Por ejemplo, en el caso del Correo Argentino, la planta laboral disminuyó de 17.000 a 12.000 empleados en 2024.

En este contexto, el Gobierno también apunta a redefinir el alcance del Estado, analizando cada área bajo tres criterios: Si corresponde a la administración nacional, provincial o municipal, o si debe ser operada por el sector privado. Algunos organismos descentralizados serán cerrados o fusionados debido a la pérdida de su función original. No obstante, instituciones clave, como el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), no se verán afectadas.

En cuanto a las condiciones salariales, el Gobierno está evaluando unificar los más de 50 convenios existentes para simplificar el sistema y establecer una base común. También se contempla la posibilidad de implementar premios al desempeño para aquellas áreas que obtengan los mejores resultados, con el objetivo de lograr un Estado más eficiente y orientado a la figura del "servidor público".

Los argumentos principales del Ejecutivo para justificar estas medidas se centran en el “excesivo” gasto público, que pasó del 32% del Producto Bruto Interno (PBI) en los años 90 al 43% al final del mandato anterior, sin que ello se haya traducido en una mejora sustancial en servicios clave como salud, educación y seguridad.

La protesta sindical y la acción de amparo

En paralelo a estos anuncios, la CTA-Capital presentó una acción de amparo ante la Justicia contra la implementación de los exámenes de idoneidad, argumentando que la medida es arbitraria y busca justificar nuevos despidos masivos. Según Daniel Tano Catalano, titular de la central porteña, esta iniciativa responde a una estrategia de “hostigamiento” hacia los trabajadores. “Cada tres meses pensás que no vas a tener trabajo, no te dan tareas, el salario es una mierda. Y encima tenemos que rendir matemáticas”, cuestionó Catalano, quien además tildó la medida de ser una excusa para recortar personal, especialmente en el caso de los trabajadores con contratos temporales que finalizan a fin de año.

Catalano también criticó al ministro Federico Sturzenegger, calificándolo como el impulsor de estas evaluaciones. "En su afán de justificar nuevos despidos masivos, se quiere evaluar la continuidad laboral de los estatales, incluidos aquellos con contratos temporales", señaló.

Los exámenes de idoneidad, que incluyen pruebas de matemáticas, lógica, comprensión de textos y criterios de administración pública, se tomarán en instalaciones del Ministerio de Defensa, lo que ha generado críticas por la presencia de personal militar armado en los centros de examen. Catalano agregó: “Lo van a hacer ahí porque tienen miedo de que los sindicatos boicoteemos”, y advirtió que, en caso de ser necesario, estaría dispuesto a movilizarse para protestar: “Si es necesario, voy a poner un camión con sonido dictándoles las respuestas a mis compañeros. Me importan tres carajos, este gobierno es una porquería".

En cuanto a las pruebas mismas, Catalano argumentó que no tiene sentido que se les exija a los empleados públicos demostrar conocimientos básicos de nivel primario. A pesar de ello, muchos trabajadores se han estado preparando para los exámenes, aunque el dirigente denunció que muchos sufren de “bloqueo emocional”, lo que dificulta su desempeño.

Finalmente, se estima que los exámenes se tomarán en los próximos 10 a 45 días, pero aún no han sido completamente diseñados, ya que algunas preguntas presentaron problemas de planteo. Según Catalano, las pruebas contienen preguntas mal formuladas, lo que refuerza la acusación de que se trata de un proceso diseñado para justificar despidos más que para evaluar la idoneidad de los empleados.

El primer año de gestión de Javier Milei fue calificado por los sindicatos como un período de “desastre, angustia, violencia, hostigamiento, persecución, maltrato y abandono” hacia la clase trabajadora, lo que ha generado un creciente malestar en el sector público.