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En momentos donde la economía argentina atraviesa una delicada situación financiera y el Gobierno nacional busca desesperadamente generar divisas, la política de desregulación total impulsada por Javier Milei vuelve a mostrar sus consecuencias. La reciente decisión del gobierno chileno de suspender la importación de carne bovina desde Argentina no solo representa un nuevo revés comercial, sino también el resultado directo de una flexibilización sanitaria sin planificación, ejecutada bajo la lógica de la “motosierra” y el “Estado cero”, aún en sectores tan estratégicos como el agroexportador.

El conflicto se desató tras la publicación de la Resolución 460/2025 por parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que autorizó, luego de 22 años, el ingreso a la Patagonia de carne bovina con hueso proveniente de zonas del país donde se controla la fiebre aftosa mediante vacunación. Esta medida, aunque limitada a cortes específicos (como costilla, asado y esternón), fue suficiente para que el gobierno chileno considerara que Argentina había alterado las condiciones sanitarias previamente acordadas.

Cuando la desregulación cuesta mercados

En respuesta, Chile emitió su propia Resolución 5952/2025 a través del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en la que anunció que se “deja sin efecto el reconocimiento sanitario otorgado a la zona libre de fiebre aftosa sin vacunación de Argentina”. Como consecuencia directa, se suspendieron las importaciones de todos los animales y productos de origen animal que requieran ese estatus sanitario para ingresar al país vecino.

La decisión afecta directamente a regiones clave para la exportación de carne, como el norte de Neuquén y la margen sur del río Negro, con algunas excepciones puntuales. Estas zonas habían sido reconocidas internacionalmente como libres de fiebre aftosa sin vacunación, estatus que ahora queda invalidado por la propia improvisación argentina.

Mientras el Gobierno celebra el ingreso de un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional (tras una reciente corrida cambiaria que puso en jaque al ministro Luis Caputo), y presiona a los sectores agropecuarios para que liquiden exportaciones beneficiadas por la quita de retenciones vía decreto, decisiones como la del SENASA entorpecen ese mismo flujo de divisas. El cortocircuito con Chile no es menor: se trata de un socio comercial clave, con un mercado que valora la carne patagónica por su estatus sanitario diferenciado. 

Además, el impacto se da en un contexto de fuerte retroceso en las exportaciones de carne vacuna. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), durante el primer semestre de 2025 la Argentina fue el único país del Mercosur que redujo sus ventas externas en comparación con el mismo período del año anterior. Aunque en junio se registró una leve mejora mensual (12,7% más que en mayo), el acumulado semestral muestra una caída del 16,4% respecto a 2024, con 312.600 toneladas comercializadas.

El Gobierno argentino había insistido en que la flexibilización era parcial y controlada, sin embargo, la falta de diálogo y coordinación internacional evidencia un manejo improvisado que pone en riesgo mercados estratégicos. Frente a un escenario electoral donde los dólares son una necesidad imperiosa y la credibilidad internacional está en juego, el cierre de un mercado por razones sanitarias debería ser un llamado de atención.

Lo que queda claro es que la política de desregulación sin previsión, en nombre de una supuesta eficiencia estatal, no solo afecta a los sectores productivos, sino que además mina las posibilidades concretas de recuperación económica.