Hugo Moyano cedió ante el Gobierno y acepta un aumento salarial ajustado a la pauta oficial

En un giro sorpresivo, el Secretario General de Camioneros, Hugo Moyano, decidió aceptar un aumento salarial del 5,5% para el trimestre diciembre-febrero, que se pagará en tres tramos (2,2%, 1,8% y 1,5%). Esta mejora es inferior a la propuesta de los empresarios, que habían ofrecido un 8% trimestral (3%, 2,5% y 2,5%), y también por debajo de las expectativas inflacionarias previstas por el Gobierno para 2025. El acuerdo se produce en un contexto de fuerte resistencia de otros gremios a la política salarial del Ministerio de Economía.

El acuerdo, que será homologado en las próximas horas, incluye un bono de $600.000 a pagarse en cuatro cuotas y un aporte extraordinario de $16.000 por trabajador destinado a la obra social. Aunque el Sindicato de Camioneros aceptó este acuerdo, también accedió a "evaluar" los casos de empresas que no puedan pagar el bono completo o que necesiten modificar la modalidad de pago.

Moyano había comenzado las negociaciones exigiendo un aumento del 15% trimestral (5% mensual), pero los empresarios rechazaron esta cifra. Tras una presión sindical considerable, los empresarios presentaron una última oferta del 8%, que el sindicato estaba dispuesto a considerar. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo, bajo la dirección de Luis Caputo, dejó claro que no homologaría ningún acuerdo salarial que superara el 1% mensual en 2025, lo que complicaba las negociaciones.

Detalles del acuerdo

El acuerdo firmado representa un importante gesto político de Moyano hacia la administración de Javier Milei, especialmente considerando que otros gremios se oponen al techo salarial propuesto por el Ministerio de Economía. En este sentido, el acuerdo también refleja la creciente influencia de los líderes sindicales dialoguistas, quienes operaron discretamente entre los funcionarios del Gobierno para flexibilizar la pauta salarial.

La última audiencia oficial entre sindicalistas y empresarios, celebrada el 19 de diciembre, fue breve y tensa. Los funcionarios laborales insistieron en limitar los aumentos a un 1% mensual, lo que generó la reacción del gremio de Moyano, que decidió iniciar “medidas de acción directa”. Sin embargo, estas medidas consistieron en asambleas informativas en los lugares de trabajo, lo que llevó a que el Ministerio de Trabajo declarara la conciliación obligatoria al día siguiente. Desde entonces, las negociaciones continuaron de manera reservada, con la participación de Julio Cordero y Moyano, quienes finalmente lograron alcanzar el acuerdo.+

¿Y entonces?

El plazo para llegar a un acuerdo se extendió hasta el 3 de enero, con una prórroga de cinco días más, bajo el marco de la conciliación obligatoria. Si no se llegaba a un entendimiento, ambas partes habrían quedado habilitadas para tomar las medidas que consideraran necesarias, lo que podría haber desatado un conflicto en el gremio de Camioneros y en otros sectores.

La intervención clave de Cordero y la disposición de Moyano para reducir sus expectativas iniciales del 15% resultaron determinantes para alcanzar este acuerdo dentro de los márgenes impuestos por el Ministerio de Economía. En el pasado, Cordero ya había ayudado a Moyano a reconfigurar un acuerdo salarial para que cumpliera con los requisitos del Gobierno, como ocurrió en abril, cuando la homologación de un aumento del 45% fue aprobada gracias a un ajuste en la modalidad de pago.

El desafío que enfrenta el Gobierno es la resistencia de los gremios a la política de mantener los aumentos salariales por debajo del 1% mensual, lo que está dificultando otras negociaciones, como en el caso de la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA). En ese caso, el sindicato de Héctor Daer, cotitular de la CGT, firmó un aumento del 11,4% para el período octubre-diciembre, que fue pagado por la mayoría de las empresas, pero que aún no ha sido homologado por Trabajo, debido a que no se ajusta a la pauta inflacionaria del último trimestre del año.

A partir de febrero, sindicalistas y empresarios comenzarán a reunirse nuevamente para evaluar revisiones salariales en función de la inflación, aunque estarán sujetos al límite del 1% mensual que impone el Ministerio de Economía.