Alista su tropa para resistir la embestida opositora

Teme Bruera 'efecto Cromañón' tras la muerte de un joven en un recital

La resolución trágica del accidente que terminó con la vida de un joven de 32 años en un recital organizado en La Plata con autorización municipal, aunque con evidentes fallas en los controles en materia de Seguridad, generó una lluvia de críticas contra el Ejecutivo municipal que se plasmó con pedidos de informes en el Concejo Deliberante local y amenazas de pedir explicaciones en el recinto al propio intendente.

La embestida opositora contra la falta de controles por parte del Municipio más la aceptación por parte de la fiscal que lleva adelante la substanciación de la causa abierta tras la muerte de Miguel Ramírez de que investigará la responsabilidad de todas las áreas involucradas en la organización de este tipo de eventos, encendió luces de alerta en el Ejecutivo municipal donde aventuran, temerosos, la posibilidad de que el hecho decante a nivel local en una suerte de “Cromañón platense”.

Ayer, en declaraciones exclusivas a FM CIELO, la fiscal Virginia Bravo evitó precisiones acerca de eventuales imputaciones a funcionarios políticos, aunque no descartó que del avance de la investigación surja la responsabilidad que pueda caberle al poder político por la falta de controles que derivaron en la muerte de Ramírez.

En el caso Cromañón, cabe recordar, el Tribunal de Casación que revisó la sentencia de primera instancia, condenó a los ex funcionarios ibarristas al momento del trágico episodio ocurrido en el barrio porteño de Once que provocó 193 muertos. En su resolución, los jueces agravaron la situación de las ex funcionarias Fabiana Fiszbin y Ana María Fernández, quienes fueron condenadas, además de por ‘omisión de deberes’, por el delito de ‘incendio culposo seguido de muerte’.

En el Ejecutivo, temen que la posición de los principales familiares de la tragedia de Cromañón que llevaron a la Justicia a los funcionarios del poder político porteño y celebraron las condenas –agravadas por Casación- a los funcionarios ibarristas, se riegue sobre la ciudad apuntando a los funcionarios brueristas de las áreas involucradas. Ayer, por caso, José Iglesias, uno de los familiares de las víctimas de Cromañón que tuvo activa participación en la tramitación de la causa en la que intervino como parte querellante, deslizó la necesidad de investigar la presunta responsabilidad política que pueda devenir de la falta de controles en materia de Seguridad por parte de las autoridades locales.

Desde la oposición, el diputado provincial Gonzalo Atanasof exigió al intendente Bruera que “explique quién y de qué manera autorizó y controló el recital del grupo La Renga” en el autódromo local.

La embestida contra el Ejecutivo municipal cobró fuerza con solicitudes de pedidos de informe al Ejecutivo elevadas por el concejal denarvaísta José Arteaga, y por otros dos ediles que revisten en la oposición local: la alakista Teresa Urriza y el representante del macrismo y Julio Irurueta.

En ese marco y mientras la Justicia sigue con la recopilación de material de pruebas para deslindar responsabilidades, en el bruerismo hacen cuentas temerosos, aunque todavía confiados de que una pronta resolución del hecho pueda descomprimir la presión política de los opositores, de los números con los que cuentan en el Concejo Deliberante para bloquear cualquier embestida contra el intendente.

A favor, el bruerismo cuenta con seis representantes 'puros' en el Concejo dispuestos a frenar cualquier intento por emular el destino de Aníbal Ibarra en la Capital Provincail (Amendolara; Lugli; Pacharotti; Rodríguez y Luzardo) al que suman a otros cinco 'aliados' del bruerismo (Vicent; Soria; Riezgo; Caparelli y Lotumolo).

Más complicado está el universo de concejales que suelen ser 'funcionales' del oficialismo en La Plata, aunque podrían soltarle la mano al alcalde local si la presión contra el Ejecutivo acrecienta con las horas y con el avance de la investigación judicial. En esa franja, reportan otros cinco concejales: Melzi; Forte; Cháves; Duva e Irurueta. Este último, por caso, ya se apartó de su frecuente funcionalidad con el pedido de informes.  

El nucleo duro de los opositores al bruerismo, prometió seguir de cerca la investigación, y anticipó –por ahora con pedidos de informes aunque no descartan impulsar una interpelación al propio Pablo Bruera- que en caso de que la Justicia encuentre resquicios de responsabilidad política irán “a fondo” contra el Ejecutivo. En el espacio anti-bruerista, anidan dos que ya hicieron oír su voz de alerta con pedidos de informe, Urriza y Arteaga, más el ultra-alakista Sebastián Tangorra; la felipista Poly Tritten, los cívicos Sanchez y Pérez más Crespo, del GEN y Caferra de Encuentro.

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