Necochea: la Defensoría del Pueblo reclamó por los sobreprecios al GNC

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires le reclamó a las estaciones de servicios de GNC de Necochea que se abstengan de efectuar aumentos sobre el precio del metro cúbico. En el último tiempo, se registraron quejas por el cobro desmedido de este combustible en esta ciudad.

En este sentido, la diputada provincial Natalia Sánchez Jauregui había solicitado, a través de una presentación, al organismo de control que investigue la posible violación a la Ley de Defensa de la Competencia. Esto se debe a que en las estaciones de servicio de GNC de Necochea se vendía el combustible a un precio similar entre ellas, pero con un 60% de aumento en relación a las ciudades vecinas.

Respecto a esto, el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, expresó: "Buscamos determinar si esta conducta viola la Ley de Defensa de la Competencia, ya que genera una situación que no sólo afecta a quienes necesitan el GNC para su actividad privada, sino que también afecta a los sectores más vulnerables que utilizan este combustible para transportarse ya que es más barato que la nafta o el gasoil".

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En Necochea se ha registrado hasta un 60% de aumento en el precio del GNC.

En la denuncia realizada por la Defensoría, hacen hincapié en que el valor de transporte de GNC es igual en toda la provincia. Por este motivo, no sería razonable este aumento en comparación con las otras ciudades de la región.

Según comunicó la Defensoría, ya han comprobado que algunas estaciones de servicio de GNC del país han aprovechado autorizaciones de incremento del precio de los combustibles para aumentar los precios del metro cúbico de combustible, sin respaldo en alguna otra variable económica.

Asimismo, desde el organismo provincial aseguraron que esta situación se agrava mucho más en un contexto donde el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) no tiene injerencia en el precio final de este combustible.

"El Estado de velar por los derechos de las y los usuarios y consumidores, en este caso la protección de sus intereses económicos, con políticas públicas que garanticen el acceso al consumo en condiciones de trato digno y equitativo, sin discriminaciones ni arbitrariedades por parte de los proveedores", cerró el funcionario.