A través de la disposición 4190/2021, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, el fraccionamiento y la comercialización en todo el país de un queso tybo.
La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial. Se trata del queso marca Lácteos Rivadavia, con fecha de elaboración 01/04/2021, hecho en “Zona Rural Col. Mackinlay (Sgo. del Estero)” y con número de RNE 220004198 y de RNPA 2200242533.
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Según argumentó el organismo en la resolución, el establecimiento en cuestión incumpliría con la normativa alimentaria vigente, razón por la cual prohibió además la comercialización de cualquier otro producto que exhiba la misma información en su rótulo.
La investigación se originó a partir de un operativo que se realizó en el marco de un programa de monitoreo de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) de la provincia de Santa Fe.
Esta entidad tomó una muestra del queso y realizó las consultas pertinentes para verificar si el registro de establecimiento y de producto exhibidos se encontraban autorizados a través del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA).
A raíz de esto, se constató que el artículo investigado se encontraba en un trámite de inscripción iniciado en el 2019 y caducado en 2020 por falta de movimiento, mientras que el RNPA era completamente falso.
Así, Anmat concluyó que se hallaba en infracción al Código Alimentario Argentino (CAA) y que se trataba de un producto ilegal “por carecer de registros de establecimiento y de producto, por estar contaminado al tener un valor elevado de coliformes termotolerantes y por estar falsamente rotulado al exhibir en el rotulo un número de RNE y de RNPA inexistentes“.
En consecuencia, este queso “no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República”, ya que “no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado”.
Además, la institución apoyó su decisión en que “no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad”.
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