Política y Economía
Polémico acuerdo

Impulsan la anulación de un 0800 que obliga a niñas y mujeres violadas a ser madres

Luego del pacto entre el gobierno nacional e iglesias evangélicas para dar origen a la “Red nacional de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable”, la diputada del FIT Romina del Plá presentó un proyecto para darlo de baja.

La diputada nacional del Frente de Izquierda, Romina Del Plá, presentó un proyecto de resolución que exige al Poder Ejecutivo y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la anulación del convenio suscripto con la Fundación “Vida en Familia”. El acuerdo le otorga a la misma una partida de $1.300.000 para la puesta en pie de la denominada “Red nacional de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable”.

En ese aspecto, la legisladora sostuvo que “la finalidad del convenio es dar mayor poder a los protagonistas de la tortura y violación de derechos a niñas, como en los recientes casos de Jujuy y Tucumán, con el objetivo de reforzar la práctica de obligar a niñas y mujeres a continuar con embarazos no deseados y/o productos de violación, violando el derecho al aborto no punible consagrado hace casi un siglo en el Código Penaly ratificado por el Fallo FAL”.

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“Este convenio es patrocinado por ACIERA, que congrega a 15 mil iglesias evangélicas y que cuenta entre sus filas con lo más reaccionario del amplio espectro de congregaciones que integran ese culto cristiano”, añadió.

Asimismo, indicó que “con esta medida dejan a mujeres con embarazos vulnerables (víctimas de violencia, abusos sexuales, violaciones) en manos de organizaciones oscurantistas que consideran al cuerpo gestante no como una persona con derechos, sino como un envase, y que no se rigen por la ley o la ciencia sino por creencias religiosas, que son incompatibles con la garantía de los derechos de las mujeres y las disidencias”.

En el proyecto, la diputada que ya había hecho una presentación similar contra el convenio del Ministerio de Educación con CONIN (la fundación de Abel Albino y el Opus Dei), también reclama el cese de “toda tercerización de programas del Estado Nacional o los Estados provinciales en organismos o instituciones que se asientan en principios oscurantistas y carecen de toda evidencia científica”.

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