Más de 3.200 decretos ley impuestos por distintos gobiernos de facto en toda la provincia de Buenos Aires son revisados meticulosamente en el ámbito de la Legislatura bonaerense. Se trata de un verdadero trabajo de hormiga para emprolijar las pautas de convivencia de 17 millones de bonaerenses, y que tiene efectos muy concretos sobre sus vidas.
El proyecto se presentó en marzo de 2022 al gobernador Axel Kicillof, a la vicegobernadora Verónica Magario y al presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermin. Un año más tarde, hay una clasificación adelantada y una convicción sobre la importancia de la tarea.
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Marcelo Santillán, intendente de Adolfo Gonzáles Cháves, un pequeño municipio bonaerense ubicado 450 kilómetros al sur de La Plata, es parte fundamental del proceso y le explicó a INFOCIELO la tarea.
-La primera etapa es hacer una clasificación. Hay normativa modificada, otra que está derogada, otra que está en desuso, otra que tiene que permanecer vigente en archivos históricos, como la creación de localidades, comisarías, expropiaciones para escuelas. Estamos haciendo una clasificación de las que se consideran troncales, que siguen vigentes y que hacen a la vida cotidiana de los bonaerenses. Ahí encontramos leyes de trascendencia.
-¿Cuál sería el segundo paso?
-La idea es que surja un diálogo que adecúe la normativa a una realidad histórica diferente, donde impera una discusión en la Legislatura para regular pautas de convivencia social, y también en una realidad cultura, social y económica distinta de la Provincia. Hablamos de que la norma más joven tiene más de 40 años. Es un largo trabajo, no se va a terminar en un año, pero la idea es que todos nos preguntemos si las normas que nos rigen surgen de la voluntad de la legislatura o de un gobernador o de un intendente de facto que la impuso por la fuerza.
Una historia de imposiciones
Marcelo Santillán forma parte de una comisión que analiza decretos de la Dictadura en la Legislatura
En la primera etapa de clasificación, los miembros de la comisión se encontraron con los vestigios del trabajo de “desperonización” encarado por la llamada Revolución Libertadora, desde decretos que prohibían nombrar a Eva y a Juan Perón, que hacían desaparecer toda aquella legislación que había dictado el gobierno constitucional peronista, hasta la propia constitución del año 1949, que fue reemplazada mediante un decreto ley por la de 1934. Esas normas quedaron en desuso pero otras tienen plena y total vigencia.
-El código rural es un decreto ley y tiene cosas risueñas: prevé la marca de los animales a fuego, algo que hoy no se admitiría.
-Esto significa que es legal hoy marcar un animal a fuego, o es una reliquia que se subsanó con una ley posterior?
-Es obligatorio y se controla en la ruta. Hay una ordenanza general para La Costa que prohibe subirse a los colectivos en short.
-¿Hoy es ilegal subirse a un colectivo en short?
-Mientras el municipio no lo haya derogado es así. Está prohibida la reunión de emplados públicos. Ahora bien, ¿esto se aplica o no? Bueno, se deja librado a que la Justicia declare o no constitucional a la norma. El código de faltas policial tiene muchas normas declaradas inconstitucionales por la forma en la que fueron sancionadas. No nos olvidemos que quienes dictaron estas normas tomaron el poder por las armas e hicieron desaparecer las Legislaturas y los Concejos Deliberantes.
Más allá de normas que puedan parecer simbólicas y hasta risueñas, hay leyes de mucha trascendencia que fueron dictadas en esas épocas, como la Ley Orgánica de las Municipalidaes, que, con modificaciones, está vigente desde 1958. “Vos fijate que somos la primera ventanilla de atención al vecino, con una ampliación de facultades enormes. Es imposible que nos rija una norma de 1958. La Ley de Procedimientos Administrativos también es un decreto ley del Proceso”, señala Santillán.
¿La Legislatura está pintada?
Parece increíble que en cuatro décadas de democracia recuperada haya 3.200 decretos ley vigentes. Se trata, sin lugar a dudas, de un llamado de atención para la política. Así lo entiende Santillán: “Creo que es un llamado de atención para las Legislaturas, los Concejos Deliberantes y todos los que hacemos política en general. Todos tenemos medios de influenciar. Es un tema de agenda que la política no ha establecido, este desmantelamiento jurídico de la normativa del proceso”.
Como fue dicho, no se trata de cuestiones simbólicas. En muchos casos hay normas controversiales que tienen vigencia suficiente como para que un juez las utilice de manera discrecional. Así lo plantea el intendente de Gonzáles Cháves:
-Hay un gran conflicto que se ve cuando se habla del Poder Judicial, que ha tomado protagonismo y en un punto cogobierna. En el año 1994 trabajé en la Convención Constituyente; allí un abogado me decía que debíamos tener cuidado de no hacer normas para que los jueces gobiernen. Si uno no desmantela la estructura del proceso, deja un nicho de interpretación demasiado grande, y la democracia tiene que dar certezas.
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