El Municipio de Mar del Plata aún intenta digerir el revés judicial al pedido de desalojo de terrenos municipales ocupados por alrededor de unas 45 familias.
La denuncia había sido realizada por el intendente Guillermo Montenegro (PRO), quien no dudó en presentarse ante la justicia y calificar como “delincuentes” a las personas que decidieron usurpar un predio comunal sobre la avenida Fortunato de la Plaza 8700, en el barrio Las Heras.
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Sin embargo, el juez de Garantías, Saúl Errandonea, rechazó el planteo y pidió a las partes arribar a una “solución pacífica”, al tiempo que determinó la “prohibición de ingreso de nuevas personas” al lugar.
A sabiendas de que la negativa a un desalojo inmediato podría abrir una larga instancia de negociación que incluye relevamiento de cada una de las familias y sus situaciones socio-económicas y una serie de instancias de mediación para encontrar soluciones alternativas, Guillermo Montenegro apeló la medida y no dudar en tildar al fallo como “un disparate”.
“Apelé el fallo del juez que entendió que no había que desalojar a los usurpadores. Lo apelé porque es un disparate. No negocio con delincuentes ni voy a aceptar ningún tipo de extorsión” sentenció a través de un video en redes sociales.
Concejales oficialistas piden quitarles los planes sociales a quienes toman tierras
En ese contexto, el concejal oficialista, Agustín Neme, presentó un proyecto de ordenanza para exigir al Gobierno nacional y provincial que el retiren los planes sociales a aquellas personas que participen en tomas de terrenos
“Hay que quitarle los planes a quienes tomen tierras. Desde Vamos Juntos presentamos un proyecto para que el gobierno nacional y provincial le quiten todo tipo de beneficios sociales, planes y subsidios a aquellas personas y organizaciones que participen de la toma de tierras” explicó.
Y agregó: “Con esto no hay grises, el que toma un terreno es un delincuente. Junto a Guillermo Montenegro trabajamos para que los vecinos vivan en paz y tranquilos” concluyó.
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