La necesidad de Javier Milei de controlar el pulso de la economía y mantener su discurso de desaceleración de la inflación chocó contra la suba de precios, que el propio gobierno propinó con la desregulación, pero encontró en los intendentes un enemigo ideal para sostener el relato.
Es que pese a postergar el cobro del impuesto que hizo subir el precio de las naftas – igual subieron 4%- , la gestión libertaria arremetió contra algunos municipios que cobran más cara la nafta por la aplicación de la denominada “tasa vial”, un tributo extra con gravámenes promedio del 2% a los combustibles.
Si bien se trata de una de las tantas tasas municipales que, en algunos casos, data de algunos años atrás- proliferaron entre 2013 y 2015 cuando intendentes del Frente Renovador gravaron la compra de combustibles y varias ya fueron judicializadas, otros municipios como Mar del Plata, Pehuajó, Pilar, Quilmes, Almirante Brown o Berazategui retomaron recientemente la iniciativa. Mediante ordenanzas locales, se aseguraron fondos frescos para fortalecer a las alicaídas arcas municipales.
En ese marco, el vocero presidencial Manuel Adorni anticipó que la gestión nacional está terminando de evaluar “todas las alternativas que tenemos a disposición” para obligar a los Estados locales a dejen de cobrar las tasas, lo que abre una nueva polémica sobre su validez.
Las primeras reacciones de los municipios contra las advertencias del Gobierno Nacional
El primero en recoger el guante fue el intendente de Merlo, Gustavo Menendez, quien en declaraciones a Radio Provincia manifestó que el gobierno de Milei “tiene un absoluto desconocimiento de la vida de los municipios. La tasa en el caso de Merlo lleva muchos años, es anterior a mi gestión que estoy cursando mi tercer mandato y el municipio lo utiliza para volcarlo a los caminos por los que pasan los colectivos, los autos. Es un dinero que ingresa y es reutilizado para las calles” dijo.
Lo propio intentaron justificar desde Mar del Plata, un distrito PRO más afín a las ideas del economista libertario: “Lo que hicimos fue retirar un componente en la TSU y se trasladó al combustible. Ese fondo va específicamente a las obras viales. Quizás en otros lugares lo que quieren es recaudar”, dijo el senador provincial y mano derecha del intendente Guillermo Montenegro, Alejandro Rabinovich, en una entrevista con el portal local 0223.
Más allá de la discusión política y coyuntural, la advertencia del funcionario nacional expuso un arduo debate legal que se libra silenciosamente en todos los niveles judiciales sobre la consistencia del cobro de tasas municipales a partir de la determinación o no de una contraprestación efectiva por parte de los gobiernos locales.
¿Sin servicios no hay tasas?: un informe que atormenta a algunos intendentes
En las últimas semanas, volvió a circular entre la dirigencia política un informe elaborado por Marval O farrel, uno de los estudios jurídicos mas importantes. Pese a que es del 2021, los últimos acontecimientos ponen el acento en un cambio de postura de la Corte Suprema Bonaerense durante litigios por la validez del cobro de tasas municipales.
Según el documento, se observó en los últimos años una mayor alineación en los tribunales bonaerenses a los planteos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en los que se sostiene que “el cobro de una tasa debe necesariamente corresponderse con la prestación de un servicio concreto, efectivo e individualizado a favor de un bien o acto del contribuyente”. Asimismo, el Alto Tribunal asevera que “la carga de la prueba de que el servicio fue efectivamente prestado corresponde a los municipios y no a quienes pagan las tasas”.
Hasta no hace muchos años, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA) y la mayoría de los tribunales inferiores de la Provincia “venían sostenido una doctrina diferente, omitiendo así el deber de acatar la doctrina del máximo tribunal argentino” explicita el informe y menciona que para la SCBA, “la causa del cobro de una tasa era la prestación de un servicio de interés público en forma efectiva o potencial y, si el contribuyente alegaba que el servicio no había sido prestado, debía acreditarlo o, de lo contrario, la prestación se presumía”.
Esa tendencia fue revertida a fines del 2020 en la causa del Automóvil Club Argentino contra la municipalidad de La Plata. “La SCBA concluyó que su afirmación en cuanto a que una tasa retribuye un servicio efectivo o potencial no puede implicar el absurdo de convalidar que una municipalidad se limite a organizar el servicio y exija el pago de la tasa sin llevar adelante la actividad de contralor respectiva” subraya el documento de Marval O farrel.
Además, estableció que “frente a la invocación del contribuyente de que el servicio no fue prestado, es la municipalidad quien debe acreditar la efectiva prestación” algo que repitió en una causa de un particular contra la Municipalidad de Coronel Rosales”.
Más casos que ponen en alerta a los municipios
Algo similar ocurrió recientemente en tribunales de primera instancia como el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo N° 1 de Trenque Lauquen que falló contra el municipio de Carlos Casares y declaró la inconstitucionalidad de las ordenanzas de “servicios de inspección en seguridad e higiene” y “servicios de conservación, reparación y mejorado de la red vial” por entender que “no estaban siendo efectivamente prestados por el municipio”.
A nivel federal, un reciente fallo del Juzgado Federal N° 2 de Azul, a cargo del doctor Martín Bava, declaró la inconstitucionalidad de la tasa de “Derecho de Explotación de Canteras” en el municipio de Azul, una tasa que el distrito quería cobrar, emulando a la vecina ciudad de Olavarría, por la extracción de un recurso no renovable. La justicia consideró que el Derecho de Explotación de Canteras guarda analogías con impuestos nacionales (IVA) e instó a declararlo “inconstitucional privándoselo de su validez”.
Según Marval O farrel, la nueva doctrina “tendrá un impacto muy importante en las causas en curso y en los futuros reclamos, pues exige el cumplimiento de un requisito para la procedencia del cobro de tasas que venía siendo soslayado sistemáticamente en el caso de muchos municipios bonaerenses” sostienen.
En otros términos: los municipios “deberán acreditar que han prestado un servicio concreto, efectivo e individualizado a favor de los contribuyentes, pues, de lo contrario, el cobro de las tasas podrá ser considerado sin causa” concluyen.
