

La determinación responde a una de las metas a las que comprometió el Ejecutivo en su acuerdo con el FMI: reducir el déficit del gasto primario para el 2022 hasta alcanzar el 2,5% del PBI (fue del 3,1% en 2021)
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En ese esquema, la decisión del Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán es bajar el gasto en un 0,6% del PBI para el 2022 y para ello, una de las cartas a las que echará mano es la quita segmentada de los subsidios energéticos.
De acuerdo a la proyección, se busca dejar de subsidiar al 10% de la población con mayores ingresos mientras que habrá actualizaciones tarifarias para usuarios residenciales que reciben un subsidio parcial y tarifa social.
La medida apunta a un total de 921.778 titulares del servicio de electricidad y 760.600 titulares del servicio de gas residencial que integran el 10% de la población con mayores ingresos.
Estos sectores pasarán a pagar la tarifa plena, lo que representaría un incremento de alrededor de un 200%.
Para la identificación de dichos usuarios, se diseñaron los siguientes criterios:
De convalidarse las acciones previstas por el gobierno en audiencias públicas, los sectores medios que actualmente reciben un subsidio parcial recibirán incrementos del orden al 40%.
En tanto, las subas para los usuarios de la tarifa social- menor poder adquisitivo- rondarían un 20%.
Cabe mencionar que a excepción de los usuarios de EDENOR y EDESUR que dependen de las regulaciones de Nación, en el resto de la provincia de Buenos Aires el gobierno autorizó subas del orden del 22% desde abril.
A partir de la resolución, cooperativas eléctricas nucleadas en APEBA consideraron que la Provincia debió autorizar aumentos de hasta el 45%.
“Ahora este año se sancionó un aumento tarifario que va a rondar entre el 20 y el 30% - eso recién lo va a ver en las tarifas de mayo o junio- y estamos trabajando en un nuevo subsidio que tendría que ser equivalente al que nos están dando, más un ajuste por inflación” sostuvo el prosecretario de APEBA y presidente de la Usina de Tandil, Mario Cabitto, durante un encuentro en Olavarría.
En esa línea, estimó que las cooperativas “deberían tener un aumento entre el 35% y el 45% (en base a lo calculado en audiencias públicas) y remarcó que en la composición tarifaria hay que descontar “el costo de generación del transporte y los impuestos”.
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