Tras la segunda marcha federal, el reclamo de la comunidad educativa continúa. Sobre todo desde que el Gobierno Nacional vetara la ley de financiamiento y difundiera ideas vinculadas al arancelamiento de las universidades. Los rectores salieron al cruce de “una serie de mentiras”.
A la espera de que el veto sea tratado por el Congreso, el Consejo Interuniversitario Nacional ( CIN) emitieron un comunicado para corregir los argumentos utilizados por la administración libertaria para no implementar la norma en cuestión.
Uno de los más extendidos es que el gasto de las instituciones “no se auditan”. El CIN explicó que las universidades “tienen auditorías internas propias y externas del Congreso de la Nación, más evaluaciones de gestión propias y externas de la CONEAU“.
Otra idea, surgida en los últimos días, es que “inventan estudiantes para cobrar más fondos”. Sin embargo, los rectores de todo el país aclararon que el presupuesto no se asigna por cantidad de estudiantes. “Se actualiza según el último presupuesto consolidado y tenen en cuenta varios componentes” como los salarios, los gastos de funcionamiento y la inversión en ciencia y tecnología.
Siguiendo la discusión en términos económicos, desde las filas libertarias sostuvieron que la población empobrecida no accede a la educación superior y termina financiando a los sectores con más poder adquisitivo. Ahora bien, basados en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC) “el 48,5 por ciento de los estudiantes inscriptos en materias de 2024 están por debaje de la línea de pobreza“.
A esto, desde el CIN le sumaron que es falso que la ley de financiamiento universitario “atenta contra el equilibrio fiscal”. Sin embargo, el CIN explicó que la norma aprobada por el Congreso “representa apenas el 0,14 por ciento del PBI. “Se podría financiar con el superávit financiero anual acumulado”, agregaron.
La discusión salarial
Por último, sin mencionarlo, salieron al cruce del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El funcionario había dicho que “el aumento salarial en la administración pública general en el año y hasta octubre llegó al 68,2 porciento” mientras que “el de los docentes universitarios fue de 81,4 por ciento“.
Sin embargo, el Consejo Interuniversitario Nacional informó que “los salarios de más del 85 por ciento de los docentes de las universidades nacionales están por debajo de la línea de pobreza“. En esta línea, indicaron que “la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios fue de más del 30 por ciento”.
¿Se viene el arancelamiento?
El comunicado de los rectores de todas las universidades del país salió luego de que comenzara a circular la versión de que el Gobierno Nacional piensa arancelar las instituciones.
Si bien no hay confirmaciones oficiales, el diario La Nación confirmó que la idea es cobrarle a extranjeros no residentes, entre otras modificaciones.
