En medio de conflictos con estatales y docentes, se abrió un nuevo problema que tiene como último responsable al Gobierno Nacional. Se trata, una vez más, de un posible paro de choferes de colectivos nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA). ¿Qué está pasando?
El sindicato que conduce Roberto Fernández se declaró “en estado de alerta” frente a lo que llamaron “incumplimiento del acuerdo salarial”. Según se informó oficialmente, las cámaras empresarias alegan “no contar con fondos” para hacer frente al acuerdo paritario que firmaron en febrero.
“De verificarse dicho incumplimiento a partir del próximo lunes 8 se verá afectada la normal prestación del servicio público en el área del AMBA“, advirtió la UTA. Es que hoy es el cuarto día hábil del mes, fecha límite para que los choferes reciban sus haberes. Según pudo saber INFOCIELO, las empresas tienen tiempo hasta hoy a las 3 de la tarde para liquidar los sueldos y, si no lo hacen, el paro de colectivos en el AMBA podría ser mañana martes.
Rápidamente, la Asociación Argentina de Empresas del Transporte Automotor (AAETA) ofreció su versión de los hechos y apuntó directamente contra el Gobierno Nacional de Javier Milei. Según la entidad, la UTA reclama, sobre la base del acuerdo salarial de febrero, aumentar el salario básico de 737.000 pesos a 987.000 pesos.
El problema, según la AAETA, es que los subsidios que reciben están basados en los $737 mil “entonces las empresas no pueden honrar un monto, ni aunque jurídicamente sea válido”. A esto le sumaron “otros errores de cálculos debidamente presentados que hace que falten al menos 30% de la cobertura de costos contra la suma de tarifa y subsidios”.
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Se trata de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), que controla las centrales nucleares del país. El gobierno libertario anunció su privatización parcial.
A principios de marzo sucedió un conflicto similar por razones análogas. En ese momento, las empresas del transporte público automotor llegaron a enviarle una carta documento al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, a quien acusaron de dejarlas en default. Desde el gobierno libertario, mientras tanto, amenazaron con sancionar a las compañías y con quitarle fondos.
