El “apagón nacional” de luz al que convocó el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, se realizará esta noche, con el fin de protestar por el aumento de las tarifas de servicios públicos que llevó adelante el Gobierno nacional.
El funcionario de Axel Kicillof había lanzado la propuesta en el marco de una conferencia de prensa junto con el Foro Multisectorial Contra los Tarifazos, cuando la convocatoria quedó establecida para el 31 de octubre, de 21 a 21.10 horas.
“Es una medida sencilla pero muy concreta donde cada uno desde su casa puede expresar rechazo al aumento de tarifas que está generando mucha angustia y preocupación”, señaló el funcionario provincial.
Asimismo, recriminó que “entre tener las tarifas congeladas y aumentar el 3000% por supuesto que se pueden plantear otras cosas”.
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En declaraciones a la AM1270, Katopodis relató que pasó por una pyme del Gran Buenos Aires que de pagar $500 mil por la boleta de luz pasó a pagar $5 millones. “Esa pyme no tiene ninguna posibilidad de absorber ese aumento que le parte al medio su estructura de costo. Y esa factura llega al mismo tiempo que le cae la actividad productiva en un 20% o 30% por ciento”, dijo.
“Lo de Macri queda chiquitito al lado de lo que está haciendo Milei, para una familia las tarifas aumentaron el triple que los salarios”, fustigó.
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En medio de la suba de tarifas de los servicios públicos, desde el Foro Multisectorial Contra los Tarifazos en conjunto con la Asociación de Defensa de los Derechos de los Consumidor (ADDUC) presentaron una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Economía, los Entes Reguladores y las empresas prestadoras de luz, agua y gas.
La denuncia alcanza a las empresas cuya concesión se presta en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, para que se declare la “inconstitucionalidad” y la “nulidad” de las resoluciones que establecen los nuevos cuadros tarifarios “al considerarse desproporcionados, irrazonables y confiscatorios”.
En el amparo, además, se solicita ordenar a las empresas demandadas a abstenerse de requerir o perseguir el cobro de cualquier suma de dinero con causa en la norma referida; disponer de un nuevo esquema de precios y tarifas para los servicios públicos de electricidad, gas y agua en redes con arreglo a la Constitución y obligar al Estado Nacional a mantener la tarifa social.
