El oficialismo y la oposición no logran los consensos básicos para tratar la reforma de la Ley de Jubilaciones del Banco Provincia (BAPRO) y por eso se prevé que diciembre sea un mes caliente en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.
En Diputados aspiraban a aprobar -o al menos dar tratamiento- la norma la semana próxima, pero hoy fue confirmado que no será así. Con ese panorama, los temas se acumulan y quedará apenas una semana para resolverlo y sólo dos más para tratar un temario que incluye además la Ley de Presupuesto y la Ley Impositiva para 2023.
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El Frente de Izquierda ya tiene candidatos y los presentó en La Matanza
El Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad realizó la presentación de sus candidatos a legisladores provinciales. Lo hizo en La Matanza. Nicolás Del Caño encabeza en la Tercera y Romina Del Pla en la Primera sección electoral.
Como explicó INFOCIELO, las negociaciones venían encaminadas hasta que Mauricio Macri empezó a enviar mensajes cruzados. O al menos así lo interpretan en el oficialismo, donde mastican bronca porque creen que en Juntos quieren sacar ventaja del ultimátum de la Suprema Corte bonaerense, que fijó como fecha límite el 14 de diciembre para resolver los puntos marcados como inconstitucionales.
En el Gobierno estiman que si no se votan las reformas, se abriría la puerta a juicios por 400 mil millones de pesos, una cifra astronómica que la Provincia de Buenos Aires afrontaría con enorme dificultad en un contexto sumamente delicado.
Hay que recordar que la (nueva) reforma de la Ley de Jubilaciones del Banco Provincia busca salvar las modificaciones que se le introdujeron durante la administración de Cambiemos.
El nuevo proyecto -resistido por casi todo el arco opositor- introduce cuatro puntos clave, que rondan en torno a la defensa de derechos laborales previamente adquiridos.
Desde octubre, la Suprema Corte bonaerense viene convocando a legisladores, representantes gremiales y funcionarios provinciales para encauzar una discusión netamente política que permita zanjar el conflicto judicial.
El pedido se sustenta en que existen más de 3500 demandas judiciales contra la actual ley previsional 15.008– sancionada en 2017 durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal– , que quitó el 82% móvil a los trabajadores de la banca estatal.
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