Con la firma de tres personajes claves, el presidente de la Nación, Javier Milei, dictó el Decreto 697/24 para seguir avanzando con la reglamentación de la Ley Bases. Esta vez, abarcó el segundo capítulo de la norma que incluye temas polémicos como el régimen del empleo público y las empresas estatales. ¿Qué puede pasar?
La norma que se publicó este lunes en el Boletín Oficial lleva el aval de Guillermo Francos, Luis Caputo y Federico Sturzenegger. El primero fue fundamental durante las negociaciones que permitieron aprobar la Ley en el Congreso, pero los otros dos son protagonistas en la aplicación de dicha norma. Tal es así que el Ministerio de Desregulación que comanda Sturzenegger quedó como autoridad en las modificaciones vinculadas al empleo público.
La reforma laboral en la administración pública es uno de los capítulos extensos de la Ley Bases y su reglamentación también lo es. Sin embargo, para dar una idea de su objetivo, vale mencionar la creación del registro de personal en situación de disponibilidad. En el decreto reglamentario se oficializó dicho registro y se detalló como funcionará.
Ahora, todas las jurisdicciones y los organismos descentralizados deberán comunicarle al Ministerio de Sturzenegger “las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos” y “la nómina del personal que en consecuencia ha quedado en situación de disponibilidad”. En otras palabras: qué oficinas van a cerrar y quiénes van a quedar sin trabajo.
Quienes queden en ese registro de personal en situación de disponibilidad podrá ser despedido luego de un periodo de entre 6 y 12 meses dependiendo de la antigüedad. Durante ese periodo, los agentes podrán ser llamados para cubrir cargos o ser obligados a hacer actividades “de capacitación y reconversión laboral“.
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Las privatizaciones
La lista de más de 40 empresas del Estado nacional sujetas a privatización se redujo a 8 durante las negociaciones con el Congreso. Ahora, esas compañías (Intercargo, Enarsa, Nucleoelétrica Argentina, Yacimientos Carboniferos de Río Turbio, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. y Corredores Viales).
Con el decreto reglamentario quedó establecido el proceso que culminará con el remate de estas empresas. El primer paso es que cada funcionario que tenga a cargo las empresas sujetas a privatización deberá presentar un informe con una propuesta “para hacer efectiva la privatización”.
Esos informes serán presentados a una comisión bicameral del Congreso, pero una vez que el Poder Ejecutivo nacional lo autorice ya podrá “iniciar los procedimientos tendientes a la privatización”.
