El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, decidió hoy procesar y dictar la prisión preventiva al falso abogado Marcelo D’Alessio, a quien considera parte de una asociación ilícita dedicada a extorsionar mediante “carpetazos” a empresarios y políticos. En ese contexto, detectó lazos sospechosos con el fiscal Carlos Stornelli.
En un extenso fallo, de más de 200 hojas, Ramos Padilla consideró que hay elementos para atribuirle a D’Alessio, maniobras de “ablande” como “cámaras ocultas” y “carpetazos” que tenían influencia en causas judiciales. También utilizaba esas mismas maniobras para extorsionar a empresarios, comoel caso de Pedro Etchebest, quien lo denunció en la Justicia y destapó el escándalo.
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Por eso, el juez dolorense procesó y dictó preventiva contra el falso abogado, a quien impuso un embargo de 10 mil millones de pesos. Pero hizo más: le pidió al Procurador General de la Nación, jefe de todos los fiscales federales, que investigue los lazos entre D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli.
Esto se debe a que detectó, en chats y escuchas, síntomas de una relación fluida e impropia entre un miembro del poder judicial y una persona con estos antecedentes. En la resolución, Ramos Padilla transcribe conversaciones en las que Stornelli le pide “merca” a D’Alessio, una expresión que se referiría a información que surgiría de investigaciones paralelas y hasta operaciones de espionaje.
Para el Magistrado, el hecho de que estas tareas se requirieran mediante comunicaciones extraoficiales, da cuenta de que “desde la Fiscalía a su cargo se actuó en forma promiscua, generando relaciones estrechas y de mutua colaboración que no debieron permitirse” y que “con anuencia del Sr. Fiscal, se llevaron adelante operaciones de inteligencia y de acción psicológica para el ´éxito´ de sus investigaciones judiciales”.
También dio pro constatado que “que existen maniobras puntuales que revisten una gravedad institucional mayúscula que no es posible pasar por alto” por lo cual volvió a pedir intervención a Eduardo Casal para que inicie una investigación. La primera vez que lo hizo, el funcionario –que ocupa el cargo de manera provisional, a la espera de un nombramiento definitivo del reemplazo de Alejandra Gils Carbó-, adujo que “no es función del Procurador General de la Nación realizar las medidas que ordena”.
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