Axel Kicillof pateó el tablero legislativo con el envío de un megaproyecto al Senado con el que busca ordenar las finanzas provinciales por no contar con presupuesto y cambios en la Ley Fiscal Impositiva.
A los pedidos de endeudamiento y la suspensión de la devolución del fondo Covid por parte de los municipios- un proyecto propio y distinto al que presentó el kirchnerismo en Diputados- se suman los pedidos de prórroga de emergencias y un capítulo referidos a la situación de las tarifas eléctricas.
Axel Kicillof pidió prorrogar las emergencias en seis áreas clave
Al límite de su vencimiento, el gobierno de Axel Kicillof incluyó un pedido de prórrogas de las emergencias en materia penitenciaria, de seguridad pública, de infraestructura, hábitat, vivienda, servicios públicos y energética en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires
La extensión va a partir del 1 de abril de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive con el fin de “resguardar la integridad física y los bienes de las personas, paliar el déficit existente en materia de infraestructura y posibilitar la realización de las acciones tendientes a la promoción del bienestar general” fundamenta la iniciativa.
Por ejemplo, en el plano de la seguridad, faculta a los ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos a adoptar “las medidas que resulten necesarias” como “rediseñar, reorganizar, crear, modificar o suprimir total o parcialmente la estructura, misiones, competencias, funciones, jerarquías y distribución territorial de las Policías y del Sistema Penitenciario de la provincia de Buenos de Aires”.
A su vez propone garantizar “condiciones adecuadas de trabajo, equipamiento y formación continua para el personal, priorizar las medidas necesarias para atender el déficit habitacional en el Servicio Penitenciario” y autoriza a “ejecutar obras, adquirir bienes y contratar servicios que resulten necesarios en el marco de la emergencia declarada” entre otros aspectos.
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El actual legislador presenta lista corta y sello vecinal luego de que el “abadismo” decidiera no ser parte de Somos Buenos Aires como parte de la UCR provincial.
También permite reclutar “con carácter excepcional y por los ciclos lectivos correspondientes al año 2025 y 2026, aspirantes a la carrera de Policía de la Provincia de Buenos Aires”.
En materia de obras públicas, brinda herramientas al ministerio para avanzar en renegociaciones o rescisiones de contratos, o capacidad para aumentar o disminuir prestaciones y montos de los contratos de obras existentes
Revisión integral de las tarifas eléctricas y la negociación con las distribuidoras
En materia tarifaria, el Ejecutivo pidió a la Legislatura que lo faculte a continuar con la “etapa de transición tarifaria del sector de distribución de la energía eléctrica”.
La solicitud de revisión se extiende “hasta que se implemente el primer cuadro tarifario resultante de la nueva revisión integral del ministerio de Infraestructura y servicios públicos”.
En ese sentido, plantean seguir con “la revisión tarifaria que le permita alcanzar acuerdos de entendimientos para resolver de modo armónico las cuestiones suscitadas con las empresas concesionarias durante la emergencia energética, confiera sustentabilidad a la prestación del servicio con la normalización de la etapa de transición tarifaria”.
Cabe recordar que cooperativas eléctricas pidieron un acuerdo con Provincia para afrontar deudas millonarias contraídas con Cammesa, la empresa estatal administradora del mercado mayorista ontraídas a partir del 2020- cuando las tarifas estuvieron congeladas en el marco de la emergencia por la pandemia- y que derivaron en embargos y otras acciones judiciales.
Una es la recomposición del Valor Agregado de Distribución (VAD), un componente de las facturas eléctricas que aporta los mayores ingresos directos a las distribuidoras lo que conllevaría a una suba de tarifas, en caso de ser avalada.
Pero también mencionan que de no poder afrontar los pagos con los recursos que surgen del VAD que establezca la autoridad de aplicación, se deberá contar con algún tipo de ingreso adicional y complementario.
“Es una facultad que autoriza al ministerio a revisar y a definir tarifas en base a la situación de las empresas, los usuarios y las políticas nacionales en esa materia, ante la posibilidad de cambios como la quita de tarifas sociales que empuja el gobierno de Milei” explicó a Infocielo una fuente del sector.
