El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires decidió devolver a un grupo de trabajadores estatales los montos que les habían sido descontados del sueldo en 2017, durante la gestión de María Eugenia Vidal.
Se trata de empleados del Ministerio de Justicia bonaerense, que percibirán la devolución de una serie de descuentos que recibieron en 2017, cuando llevaron adelante medidas de fuerzas en oposición a una serie de despidos realizados en el Centro de protección y Asistencia a la Víctima.
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Según el la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), auqella fue una medida “arbitraria” y ahora fue revertida por Axel Kicillof, a través de su ministro Julio Alak, quien en las últimas horas emitió una resolución ministerial por la cual se devolverán lo montos afectados.
“Es una resolución histórica, no solo porque el gobierno provincial reparó los derechos de un conjunto de estatales que sufrimos los descuentos de Vidal, sino porque se reconoció el derecho a huelga que tenemos los trabajadores y trabajadoras como forma de defender nuestras reivindicaciones”, aseguró Óscar Sánchez, integrante del Consejo Directivo Provincial de ATE.
¿Qué paso en el Ministerio de Justicia en 2017?
El conflicto en la cartera que entonces controlaba Gustavo Ferrari se desarrolló seis años atrás, cuando una serie de despidos despertó la reacción de trabajadores estatales de distintas dependencias como la Escribanía General de Gobierno, Personaría Jurídica y Política Penitenciaria, entre otras.
Por los cinco despidos que se dieron en ese entonces, se llevaron a cabo distintas medidas de fuerza como paros y retención de tareas.
Tras las acciones realizadas por el gremio junto a sus afiliados, el gobierno de Cambiemos decidió aplicar descuentos a quienes ejercieron las protestas.
Por eso, ATE y la Junta Interna del sector definieron una serie de medidas para revertir esos descuentos y recuperar los montos. Asimismo, las distintas iniciativas en los sectores de trabajo fueron acompañadas con presentaciones judiciales realizadas por el equipo jurídico de ATE provincia de Buenos Aires, quien planteó la inconstitucionalidad de la decisión ministerial y la necesidad de revertir tal estado de situación, lo que finalmente ocurrió en las últimas horas.
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