DECIDE LA CORTE SUPREMA

Nueva avanzada judicial contra el saneamiento del basural de Luján

Por tercera vez en menos de un año, un grupo de vecinos fue a la Justicia para frenar las obras de saneamiento del basural a cielo abierto de Luján.

El Poder Judicial a intervenir en la obra del saneamiento del basural a cielo abierto más grande del país. Como ya lo hizo en julio y en marzo, fue para frenar los trabajos que se están realizando en Luján. Esta vez sería hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tome una decisión definitiva sobre la legalidad del proyecto.

El primer parate había sido en diciembre del año pasado. En ese momento, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, había dictado una cautelar para frenar la construcción del centro ambiental que contempla el proyecto. Su decisión generó enojo en el Ministerio de Ambiente de la Nación y una movilización de recicladores a las puertas del juzgado.

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"Los nuevos elementos aportados, y en particular la Declaración de Impacto Ambiental, modifica los circunstancias", consignó en un fallo posterior para reactivar los trabajos.

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El basural a cielo abierto de Luján es el más grande del país.

El basural a cielo abierto de Luján es el más grande del país.

Cuatro meses después, el mismo grupo de personas fue a otro juzgado federal (el de Mercedes) para impedir que avance la iniciativa. El recurso de amparo cayó en el escritorio Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto y cumplió el objetivo de los denunciantes. La decisión también fue apelada por Ambiente y generó una movilización de repudio.

Finalmente, el 13 de julio, la Cámara Federal de San Martín, ordenó retomar el proyecto que para ese entonces ya había avanzado en un 50 por ciento.

Ahora, el grupo Vecinos Autoconvocados de Sucre presentó un recurso extraordinario para que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que se expida sobre la legalidad o no del proyecto. El mismo tribunal que había dictado una cautelar y luego la revocó ahora le pasó la pelota al máximo tribunal.

De esta manera, se concretó el tercer freno al proyecto que aprobó y financió el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con casi 2 mil millones de dólares. Esta vez podría extenderse en el tiempo ya que la Corte no tiene límite de tiempo ni plazos para expedirse.

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