El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha dado un paso importante al oficializar el Programa Provincial de Cannabis Terapéutico, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud a un sector de la población que necesita el acceso a tratamientos con derivados de cannabis. Esta iniciativa marca una clara diferencia respecto a la política adoptada por el Gobierno Nacional, que ha tomado decisiones restrictivas sobre el uso y cultivo de marihuana medicinal.
A través de la Resolución N° 1627, emitida por el Ministerio de Salud de la Provincia y publicada en el Boletín Oficial el miércoles pasado, se aprobó este programa que se desarrolla bajo la órbita de la Dirección de Prevención de Enfermedades No Transmisibles. Según se detalló en el documento, el objetivo es “garantizar el derecho a la salud” y promover un abordaje integral para las personas usuarias de cannabis con fines terapéuticos o medicinales en la provincia.
El salvavidas de Provincia ante el abandono de Nación
El anuncio llega en un contexto donde, días atrás, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, había anticipado que el Gobierno Nacional suspendería las inscripciones al Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) debido a “desvíos de la marihuana hacia el mercado ilegal”. De esta manera, la administración nacional parece dar marcha atrás en los avances logrados en el campo de la marihuana medicinal. Además, el año pasado, la gestión de Javier Milei implementó modificaciones en el régimen de cannabis, endureciendo los requisitos de inscripción y limitando el número de plantas de flores que pueden ser cultivadas por personas con autorización.
En contraposición, la Provincia de Buenos Aires avanza en la consolidación de políticas inclusivas en salud. El objetivo del programa provincial es “promover el abordaje integral en salud” para aquellas personas que requieran atención y acompañamiento respecto al uso terapéutico del cannabis. Los destinatarios son todas las personas que habitan en la provincia y que necesiten este tipo de tratamiento, priorizando a los usuarios del sistema de salud pública.
“Se convocará a referentes/as institucionales y comunitarios/as para la evaluación y formulación de normas y regulaciones relacionadas con el cannabis terapéutico”, señala el comunicado oficial. Además, se prevé realizar consultas a expertos para garantizar un enfoque técnico y adecuado a las necesidades de los pacientes.
El acceso a tratamientos será uno de los pilares del programa. Se detalló que se proyectará y evaluará la demanda potencial de cobertura para tratamientos con cannabis terapéutico de personas con cobertura pública exclusiva, y se evaluarán los protocolos para acceder a los derivados de cannabis que cuenten con evidencia científica para su prescripción médica.
Senadora responsabiliza a la prensa por la seguridad de Javier y Karina Milei
La senadora bonaerense de LLA, Florencia Arietto, volvió a utilizar sus redes para mostrarse cercana a Karina y Javier Milei. Esta vez responsabilizó a los periodistas por la seguridad presidencial, al exigir que revelen sus fuentes, desconociendo la legislación que protege el secreto profesional.
Este enfoque pone en evidencia las diferencias de postura entre los gobiernos provincial y nacional, especialmente cuando se contrasta con las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había manifestado en rueda de prensa que el gobierno nacional dará de baja el REPROCANN, argumentando que los permisos para cultivar marihuana habían sido utilizados para desviar la marihuana hacia el mercado ilegal. Bullrich afirmó: “Vamos a dar todo de baja, vamos a empezar de cero. Porque hecha la ley, hecha la trampa”.
Así, mientras el gobierno nacional retrocede en sus avances respecto al cannabis medicinal, el gobierno bonaerense busca subsanar esa falta y avanzar en una política pública que brinde acceso a tratamientos basados en cannabis a quienes lo necesiten, consolidando su compromiso con la salud pública y la accesibilidad para los pacientes.
Este contraste genera un debate sobre la consistencia en la aplicación de principios ideológicos, ya que la postura restrictiva del Gobierno Nacional choca con los esfuerzos de la Provincia de Buenos Aires por garantizar el acceso a tratamientos basados en la evidencia científica.
