Luis Arias: "Nunca hubo consecuencias para nadie porque se dio en un marco de impunidad"

El día de su cumpleaños, el 5 de abril de 2013, el entonces juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Arias, inició la recopilación de prueba en la causa que marcó a fuego la historia de la trágica inundación de La Plata, ocurrida solo tres días antes.

Así, con su equipo comenzó un derrotero por diferentes organismos como el Registro de las Personas, hospitales públicos y privados que siguió luego por la morgue y hasta con un allanamiento al Ministerio de Seguridad, entonces a cargo de Ricardo Casal.

Durante un año, las jornadas en el juzgado se extendían desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche para que la sentencia pudiera salir lo más rápido posible, en especial considerando que los tiempos que suele manejar la Justicia pueden llegar a ser extremadamente lentos.

“La policía me persiguió hasta el juzgado cuando me llevé los libros de registro de la morgue; tuvimos que convocar a Gendarmería para allanarla, así también allanamos Seguridad por el sistema de huellas, aunque no pudimos ingresar como así tampoco a los registros de audio del 911”, recordó Arias en diálogo con Infocielo.

Toda esa prueba recopilada a lo largo de los meses, derivó en la sentencia dictada en marzo de 2019 donde se estableció que las víctimas fatales fueron 89 y otros 16 casos “dudosos” sobre los que no se encontraron pruebas suficientes para ligarlos a la inundación.

Los embates a la causa para identificar a las víctimas y la impunidad

Arias, hoy concejal por el Frente de Todos, recordó que hubo intentos por paralizar la causa -e incluso por un momento se logró- cuando otros magistrados señalaban que no era su competencia esa investigación, sino penal. Eso luego lo resolvió la Suprema Corte bonaerense, quien le devolvió la potestad.

Para el exmagistrado -removido por un jury en su contra en 2018- uno de los conceptos que quedó flotando en La Plata diez años después de la tragedia es el de “impunidad” y apuntó directamente al fuero Penal por no haber investigado los delitos alrededor del episodio.

“Denunciamos muchísimos delitos, como la adulteración de pruebas de muerte por parte de la Policía, pero nunca hubo consecuencias para nadie porque esto se dio en un marco de impunidad. El fuero Penal es de impunidad. No van a ver funcionarios procesados y menos condenados, hay un contexto de impunidad”, sentenció Arias.

Las prácticas de la dictadura aplicadas a la tragedia

Entre las acciones expuestas por ese “marco de impunidad” que describió el exjuez, estaban las prácticas que se llevaron adelante con las personas fallecidas en aquella jornada del 2 de abril.

A partir de una cusa de la Comisión Provincial por la Memoria, se mostró que las prácticas de la policía durante la dictadura seguían vigentes al enterrar personas como NN, con identidad falsa o duplicada.

“Tiene que haber trazabilidad cuando persona fallece, cuál es el destino final, de las tumbas de NN pasaban al osario común y no se encuentran más, entonces pensamos que esto podría haber pasado con los desaparecidos en democracia como Miguel Brú y Julio López”, marcó Arias.

Por eso, en la sentencia también se obligó a modificar las prácticas de registración tanatológicas al tiempo que el Registro de las Personas tuvo registros más serios. A nivel municipal, también hubo cambios en la ordenanza de Cementerios y cuando un cuerpo pasa al osario común, debe estar identificado.