Los vendedores ambulantes de la ciudad de La Plata presentaron un amparo colectivo para exigir un lugar asignado para vender ropa usada, luego de sucesivos conflictos con las fuerzas de seguridad, episodios que en este año terminaron en desalojos y manteros detenidos.
La acción legal lleva el apoyo del colectivo de Abogados La Maza, quienes se vieron interesados en el caso por los diversos puntos en donde tanto el Estado provincial como el municipal, fallan respecto a algunos derechos consagrados para esta actividad.
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El amparo presentado en el Juzgado Nº 5 Civil y Comercial de La Plata a cargo de la jueza Coradi, exige que se “garantice en debida forma el libre ejercicio del Derecho Constitucional al trabajo y lo hagan sin discriminación a este grupo vulnerable que representamos”.
“En particular se ordene a la Municipalidad de La Plata y a la Provincia de Buenos Aires, que nos permitan el desarrollo de la actividad de venta de ropa usada en algún espacio público de la ciudad de La Plata que contemple las características de nuestra particular actividad y la modalidad en la que se desarrolla, por al menos tres veces semanales en horario diurno”, continúa la presentación.
El Frente de Izquierda ya tiene candidatos y los presentó en La Matanza
El Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad realizó la presentación de sus candidatos a legisladores provinciales. Lo hizo en La Matanza. Nicolás Del Caño encabeza en la Tercera y Romina Del Pla en la Primera sección electoral.
Protesta de manteros en La Plata.
“El fin es el mismo que venimos buscando hace mucho, que cesen las persecusiones y que en vez de eso nos reciban en la municipalidad, ya que en varios intentos fallidos pedimos nuevas mesas de diálogo. La última fue en día 27 de agosto y no tuvimos respuestas”, explicó para INFOCIELO, Gladys Llanes, una de las referentas del grupo de manteros, quien contó además que buscan regularizar su actividad como feria, con días y horarios asignados.
A su vez, desde el colectivo de abogados se le pide al gobierno que se “ordene la conformación de una mesa de coordinación y diálogo entre las accionantes y los demandados con debido control judicial, que nos permita ejercer en lo inmediato nuestro derecho al trabajo con dignidad y sin discriminación, a través del acuerdo con las autoridades públicas.”
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