Advertencia: no lea esta nota mientras maneja. Mejor siéntese en un buen sillón, preparé un café y preste atención: le vamos a contar quiénes y cómo le roban a los bonaerenses con el negocio de las multas de tránsito.
El tema apareció en el radar de los medios porteños en la última semana y no es fruto de la casualidad. Se debe a cambios que implementó el Ministerio de Transporte, a cargo de Jorge D’Onofrio, por pedido explícito de Axel Kicillof, para transparentar una trama siempre sospechada.
En efecto, a mediados de septiembre de este año, la Provincia anunció la implementación de un sistema, actualmente en etapa de prueba, utilizando el Data Center bonaerense -también de reciente inauguración- para dotar de “celeridad, transparencia y eficiencia al sistema” de notificación y cobro de multas. Previamente se dio un paso clave para el avance: la utilización del Domicilio Vial Electrónico para informatizar todos los trámites relacionados al uso de automotores.
Ya entonces se buscaba cerrar el grifo de un negocio que tiene como partícipes a empresarios, universidades, funcionarios públicos que juegan al filo de la estafa o del “abuso de confianza”. Actores que no se quedaron quietos ante semejante novedad.
Un negocio basado en intenciones nobles
Bajo la noble consigna de prevenir siniestros viales y controlar el tránsito, especialmente por sus efectos sobre la vida y la salud, la provincia de Buenos Aires implementó en 2008, bajo el gobierno de Daniel Scioli, el uso de cámaras y radares de control de velocidad en las rutas provinciales.
Las resoluciones y decretos que le dieron aplicación a la ley abrieron el juego a la participación de municipios, universidades y privados que rápidamente entendieron el negocio y pusieron manos a la obra.
Hoy recaudan por esa vía una docena de municipios, universidades nacionales y 31 empresas que conforman un entramado oscuro y con ribetes mafiosos, con fuertes vínculos en el mundo de los medios y el periodismo, pero también con la noche y el fútbol.
Las leyes y las trampas
La ley considera que los municipios son las instituciones que, por cercanía, eran idóneas para encarar las soluciones al problema de la seguridad vial. Por eso el Gobierno dictó una serie de decretos y resoluciones que generan convenios de adhesión para que cada intendente pueda colocar en rutas, caminos y autopistas, sistemas de radares y fotomultas.
El Ministerio de Transporte provincial, como autoridad de aplicación, autoriza esos convenios y registra a la contraparte de los municipios en el negocio: las empresas que proveen la tecnología para el control del tránsito. Los convenios, hay que decirlo, son de todo menos transparentes: los municipios no los muestran, ni siquiera a la Provincia.
Las únicas “concesiones” que hacen son contratar a proveedores debidamente registrados en Provincia y “rendir” las infracciones, con sus correspondientes notificaciones, en el Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito, el único eslabón transparente de toda la cadena.
Mientras tanto, las comunas se quedan con el 80 por ciento de la recaudación de las multas, cediendo el 20 por ciento restante a la Provincia. Claro que hay una “distribución secundaria” en la que entran a cobrar los privados, de acuerdo a los convenios previamente celebrados con cada municipio, de los cuales, como ya se dijo, se sabe poco y nada.
Según pudo reconstruir INFOCIELO a partir del análisis de algunos casos, las empresas que facilitan la tecnología se llevan la parte del león, acaparando entre el 45 y el 55 por ciento de la parte que recaudan las comunas.
Algunos de esos convenios incluyen como beneficiarios a Universidades Nacionales. En este esquema entran, por ejemplo, y con enorme prevalencia, la Universidad Nacional de San Martín, a través de la fundación UNSAM, o la de La Matanza, que es proveedor tecnológico registrado en PBA.
La lupa sobre las empresas y sobre las universidades
No hace falta investigar demasiado sobre las empresas -los proveedores tecnológicos- que participan o más bien regentean el negocio de las fotomultas. Hay 31 en el registro provincial, aunque muchas aparecen relacionadas entre sí.
Es un ecosistema bastante endogámico. Hay empresarios que hoy hacen negocios en el sector, y que antes ocuparon cargos públicos en áreas de seguridad vial. Cámaras conformadas por una empresa. Empresas que facturan millones y tienen domicilio fiscal en un monoblock en las afueras de La Plata. Domicilios fiscales compartidos, cambios de titularidades sospechosos.
Fuentes consultadas por INFOCIELO sugirieron poner bajo la lupa un esquema particular, que tiene como nave nodriza a la cámara CECAITRA, presidida hoy por Bernardino García, y las empresas Detectra, Secutrans, TN Group y Smart Vial. Hay intendentes que los recelan. O que directamente les temen.
Los municipios la ven pasar, ¿y las universidades?
Como se dijo, los Municipios que celebran convenios para aplicar fotomultas dividen su parte de la recaudación con las empresas que proveen tecnología. Lezama es uno de ellos. El municipio tiene su ciudad cabecera sobre la traza de la Ruta 2 y es un verdadero dolor de cabeza para los conductores que pasan distraídos.
Según reconstruyó INFOCIELO, en lo que va del año los radares de Lezama recaudaron 222.887.022 pesos y lo mismo se llevó CECAITRA, el proveedor. El Presupuesto municipal de 2024 preveía recaudar bastante menos: unos 150 millones de pesos, el diez por ciento de lo que pensaba gastar en sueldos y aguinaldos. Las fotomultas son un negoción: en San Miguel llevan recaudados 255 millones de pesos.
Distinta es la situación de las universidades: la UNSAM, por ejemplo, tiene convenios con Carmen de Areco, General Pueyrredon, General Rodríguez, General San Martín, Junin, La Matanza, Morón, Nueve de Julio, Olavarría, Roque Pérez, San Isidro, San Miguel del Monte y Zárate. Distintas fuentes confirmaron a este portal que la recaudación de esa casa de altos estudios rondaría los 7 mil millones de pesos sólo en lo que va del año.
La UNSAM no está sola en el negocio. También la UNTREF tiene convenios con Tres Arroyos y Tres de Febrero; la Universidad Tecnológica Nacional supo tenerlos y la Universidad de La Matanza está inscripta como proveedor tecnológico en el registro provincial.
