La Legislatura bonaerense sostiene su impronta activa y encara hoy una nueva sesión ordinaria en la Cámara de Diputados con el auxilio a las empresas recuperadas de la Provincia en agenda. En tanto, Unión por la Patria pelea por sumar un proyecto que mejora indemnizaciones.
El proyecto, cuya autoría corresponde a la exlegisladora del Movimiento Evita, Patricia Cubría, obtuvo luz verde ayer en las comisiones de Asuntos Cooperativos y Vivienda, Legislación General, y Asuntos Constitucionales y Justicia, las cuales realizaron una reunión conjunta en la que se aprobó por mayoría la iniciativa que declara la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas.
Como señaló Infocielo, la medida alcanza a las empresas conformadas como cooperativas de trabajo, o con trámite de constitución, que se encuentren gestionadas por sus trabajadores y trabajadoras provenientes de una empresa anterior que entró en cesación de actividades, quiebra, cierre del establecimiento, abandono de los titulares, desmantelamiento, vaciamiento por parte de los empleadores, trasvasamiento o cesión a favor de los trabajadores de maquinarias, inmuebles o activos, disolución de la sociedad con causal de liquidación o de cierre por cualquier causa.
Asimismo, la norma suspende la ejecución de sentencia de desalojos y los cortes de servicios públicos, a la vez que otorga asistencia económicas y facilidades financieras para las empresas recuperadas afectadas por las crisis económicas.
Del mismo modo, deja suspendidos durante la vigencia de la emergencia los cortes en el suministro de los servicios públicos provinciales de distribución de energía eléctrica, de agua potable y desagües cloacales.
En tanto, una de las discusiones pasa en las últimas horas entre los bloques por el respaldo o no al proyecto de ley que busca mejorar las indemnizaciones laborales en la Provincia.
Se trata de una iniciativa que presentaron el año pasado la camporista Maite Alvado y la sindicalista Soledad Alonso, que sustituye en los juicios laborales la tasa pasiva, que actualmente se aplica para calcular los intereses al monto indemnizatorio, por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
En concreto, el objetivo de esta iniciativa es subsanar el perjuicio que representa para los trabajadores de la provincia que, en un contexto inflacionario y con juicios que demoran en promedio cinco años, se aplique una tasa que licúa la indemnización que recibe la persona al momento de su pago efectivo.
Según Alvado, “la tasa de interés debe estar, como mínimo, a la altura del porcentaje inflacionario”; y la ambigüedad de la actual redacción, que deja librado a la interpretación del juzgado la tasa de interés aplicable; algo que la actual modificación viene a clarificar.
Además, por unanimidad obtuvo el visto bueno la iniciativa de la diputada Natalia Sánchez Jáuregui de crear un sistema de identificación y georreferenciación de tranqueras, con el fin de garantizar que los servicios de emergencia puedan ubicar rápidamente los establecimientos, entre otros beneficios. Este proyecto ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y fue aprobado con modificaciones en el Senado, por lo que volvió al cuerpo para su tratamiento definitivo.
