A pesar de que ninguna autoridad del Poder del Ejecutivo pudo acreditar que el juez federal Sergio Torres tiene domicilio en la provincia de Buenos Aires, como plantea la Constitución, y de que su condición de “federal” genera urticaria en el Poder Judicial bonaerense, el Colegio de Magistrados de la Provincia no emitió ninguna objeción contra su desembarco en la Suprema Corte Bonaerense.
Esto generó malestar en los pasillos de la justicia platense, en donde apuntan a la figura del titular del Colegio, el marplatense Rodrigo Cataldo, a quien se acusa de haber guardado silencio para no entorpecer sus propias ambiciones. Porque, junto al pliego de Torres, el Senado bonaerense tratará pasado mañana su propio ascenso, de juez de primera instancia a Camarista del fuero Civil y Comercial.
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La historia comienza el 22 de marzo último, cuando los jueces bonaerenses, representados por las autoridades del Colegio de Magistrados de la Provincia, entre ellas Cataldo, su presidente, recibieron en su sede platense a Torres, para conocerlo y evaluarlo como posible cabeza del Poder Judicial.
Quienes participaron de la reunión consignaron que fue interrogado largamente y dio respuestas satisfactorias en casi todos los ítems, a excepción de uno, crucial: su domicilio legal, que, de acuerdo a los requisitos que impone la Constitución Provincial, debería estar asentado en territorio bonaerense desde hace por lo menos dos años.
No se trataba de una pregunta inocente: más allá de los resquemores que genera su procedencia “federal” y su falta de antecedentes en el Poder Judicial bonaerense, INFOCIELO constató que Torres no figura en el padrón electoral, tal como sospechaba la mayoría de los magistrados del Colegio. El caso era análogo al del procurador Julio Conte Grand, que asumió como jefe de todos los fiscales bonaerenses a pesar de no cumplir con el mismo requisito.
Torres nunca confirmó su lugar de residencia, pero el Colegio de Magistrados bonaerense no se sumó a las impugnaciones que sí efectuó su asociado local, la Asociación de Magistrados de La Plata, y el Colegio de Abogados de la Capital bonaerense. El hecho llamó la atención, tanto como la buena sintonía que mostraron -antes, durante y después del encuentro-, Torres y el titular del organismo, el marplatense Rodrigo Hernán Cataldo.
Tal como anticipó este portal, la posición que asumió el Colegio provincial fue la políticamente correcta: tuviese su domicilio en Buenos Aires o no, Torres era número puesto para la Corte, toda vez que sus defensores invocarían una extraña interpretación de la Constitución para habilitarlo. La obediencia debida de los legisladores de oficialismo y la benevolencia de la oposición, que no quiere hacer enojar al juez -por motivos estrictamente federales-, harían lo mismo.
En el medio, el Gobierno le dio la excusa perfecta a ambos: en estricto off the récord, sus voceros aseguraron que Torres tiene domicilio en la Provincia, pero que no se difunde por su seguridad, habida cuenta de que maneja causas sensibles, relacionadas al narcotráfico. Sus detractores dentro del Poder Judicial no creyeron el pretexto: “es de escuela primaria”, se enojaron.
Cataldo puede esgrimir razones prácticas para justificar su silencio, pero lo cierto es que quienes lo cuestionan pueden aducir otras, de índole particular. Es que, el mismo día que el Senado trate el pliego de Torres, analizará una promoción para el magistrado marplatense, que quiere ascender desde el Juzgado en lo Civil y Comercial N°5 que comanda a la Cámara.
Hoy mismo, la Asociación Judicial Bonaerense desempolvó una denuncia contra Cataldo por violencia laboral y acoso. El propio gremio lo denunció ante el área de Control Disciplinario de la Suprema Corte por “ejercer violencia laboral contra empleados y funcionarios del juzgado a su cargo” en 2012.
La denuncia no prosperó, pero sí la carrera de Cataldo, que transita el final de su segundo período al frente del Colegio de Magistrados. Como no tiene posibilidad de reelección, su silencio tiene costo político cero. Y un premio suculento.
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