Las 9 razones por las que ATE podría paralizar el Estado Nacional

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de asamblea permanente y movilización en toda la administración pública nacional, afectando a organismos en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida responde al rechazo del aumento salarial y a la amenaza de una nueva ola de despidos.

ATE, a través de su Secretario General, Rodolfo Aguiar, convocó a multiplicar las protestas en todos los organismos, denunciando el plan del Gobierno de Javier Milei de recortar salarios y eliminar puestos de trabajo. La resolución fue tomada en una reunión del secretariado nacional del sindicato, donde también se rechazó el incremento paritario del 2% en septiembre y 1% en octubre, que deja una pérdida del poder adquisitivo de más del 30% para los trabajadores estatales en lo que va del año.

El sindicato se prepara para avanzar hacia un paro general y convocó a los secretarios generales del país a una reunión el 10 de septiembre en Buenos Aires. De esta manera, ATE se mantiene en alerta por las cesantías ilegales que podrían ocurrir a fin de mes, afectando a más de 65 mil contratos.

Entre sus reclamos, ATE exige la anulación del DNU 70/23, la reincorporación de todos los cesanteados, el cese inmediato de despidos, un aumento salarial que supere la inflación, y la defensa de las políticas públicas y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Además, rechaza cualquier intento de privatización de empresas públicas y solicita la anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones.

Los 9 reclamos de ATE:

• Anulación del DNU 70/2023.
• Urgente reincorporación de todos los cesanteados.
• Cese inmediato de los despidos, del cierre de organismos y de la eliminación de las políticas públicas.
• Aumento de salarios y jubilaciones que superen la inflación.
• Regularización de todos los vínculos contractuales y pase a Planta Permanente de todas las y los trabajadores.
• Cese de las políticas de ajuste, miseria y hambre.
• Rechazo a cualquier privatización de empresas públicas.
• Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todas las y los trabajadores jubilados.
• Anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones