El gobierno de la la Provincia de Buenos Aires informó hoy que completó el pago de salarios de enero a docentes, de acuerdo al cronograma usual y habiéndose hecho cargo, con fondos propios, de los aportes que le corresponden a Nación.
“Se abonó la totalidad de las sumas que lo componen, incluyendo los complementos nacionales como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), Conectividad y Material Didáctico”, comunicó la administración de Axel Kicillof.
Esa plata, hay que destacar, debería haber sido transferida desde el gobierno nacional, de acuerdo a las leyes 26.075 y 25.053, lo cual no ocurrió.
“Aún cuando el Gobierno Nacional no transfirió los fondos correspondientes a los salarios de enero 2024, la Provincia tomó la decisión de pagarlos adelantando con recursos propios los conceptos mencionados para evitar que se vea resentido el poder adquisitivo del salario en un contexto económico sumamente adverso y de gran incertidumbre”, señalaron desde Provincia al respecto.
En ese sentido, en La Plata manifestaron la “enorme preocupación e insiste en que el Gobierno Nacional debe honrar sus compromisos y transferir los fondos de forma inmediata”.
También adelantaron que de persistir esta situación, “la Provincia no podrá hacerse cargo de estos componentes salariales que son exclusiva responsabilidad y obligación del Gobierno Nacional, y que, en el caso de un Maestro de Grado, llegan a explicar cerca del 10 por ciento del salario”.
¿El plan fundición en marcha?
Caída la Ley Ómnibus, el atraso de las transferencias de Nación empieza a sonar como el primer paso para cumplir con las amenazas proferidas por el Presidente Javier Milei.
“Los voy a fundir, los voy a dejar sin un peso”, es la amenaza que trascendió las paredes de la Casa Rosada tras una reunión de Gabinete. La frase atribuida al Presidente, mostraba la bronca por una negociación que por entonces se complicaba pero seguía en pie.
En las últimas horas, y desde Israel, Milei se jactó de haber recortado el 98 por ciento de las transferencias a las Provincias. No quedó claro entonces si se refería únicamente a las que tienen carácter discrecional o también a las que obliga la ley.
