El diálogo no funcionó y la opción judicial fue el camino que eligió la Provincia de Buenos Aires para poder sortear el golpe económico que representa para la provincia no solo la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, sino de otros convenios que buscaban mermar las diferencias en materia de coparticipación.
Este lunes, el gobernador instruyó al Fiscal de Estado, Hernán Gómez, para que inicie acciones judiciales ante la Corte Suprema de la Nación y que cautelarmente restituya los fondos. En ese trabajo participa también el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, quien explicó a FM CIELO las expectativas de la presentación judicial y aseguró que “la discusión de fondo es por la coparticipación”.
“El gobernador dio la instrucción de iniciar acciones tendientes a decretar la inconstitucional por el decreto que deroga el Fondo de Foralecimiento Fiscal y, hasta que se resuelva, vamos a solicitar a la Corte que dicte una cautelar suspendiendo los efectos de este decreto, en tanto se resuelva la inconstitucionalidad”, detalló.
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En ese plano, el funcionario recordó que las cautelares “dan la posibilidad de asegurar que se mantenga el fondo para que no se produzca un gravamen irreparable”.
Por eso, se estrcuturó una demanda para lograr la inconstitucionalidad de esta resolución ya que “el Fondo viene a regular la diferencia en el fondo de coparticipación”.
“Nosotros somos creyentes en el sistema republicano y estamos convencidos de la razón de nuestros argumentos, esperamos que la Corte cumpla su rol institucional”, planteó Pérez Teruel.
En esa línea, el Asesor General determinó que la Provincia se vio “obligada” a tomar esta medida “después de emitir cinco reclamos previos” de diferentes Ministerios por el recorte de otros convenios.
“Los fondos nacionales que eran transferidos por leyes o convenios cesaron, cada Ministerio hizo el reclamo correspondiente. A través de estos mecanismos como el Fondo del Conurbano se ha compensado a la Provincia por las asimetrías que se generaron desde 1988 por la ley de coparticipación”, enfatizó.
En ese orden, como se trata de una Ley convenio y tiene que haber consenso entre las diferentes jurisdicciones, la vuelve una discusión política, aún así “lo que no puede hacer el Estado nacional es suspender fondos para compensar estas asimetrías sin aviso previo, esto pone en emergencia el sistema financiero y presupuestario de la Provincia”, concluyó.
