Sobre la base de un proyecto de ley naufragó en el Congreso de la Nación, el gobierno bonaerense creó un programa con el que busca reducir la reincidencia carcelaria. La idea es fomentar la inserción laboral o el desarrollo productivo de las personas privadas de su libertad, en cárceles o en otros regímenes. Los detalles.
El Programa Buenos Aires por la Reducción de la Reincidencia fue oficializado en la Resolución 2508 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El documento, publicado en el Boletín Oficial bonaerense de este miércoles, resalta la “finalidad esencial” del régimen penitenciario: la “readaptación social de los penados”. Apuestan al trabajo para cumplirla.
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Las estadísticas oficiales, sin embargo, muestran que ese objetivo está lejos de cumplirse: Tras un aumento sostenido de los niveles de encarcelamiento, Argentina llegó a las 125.041 personas privadas de su libertad en 2023. De ese total, cerca de la mitad está a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
El crecimiento de la población carcelaria mostró una particular aceleración en las últimas décadas. Entre los años 2000 y 2022, la provincia de Buenos Aires registró una suba del 93 por ciento en su tasa de encarcelamiento. Según la Comisión Provincial por la Memoria, para principios de 2024 alcanzó las 57.550 personas detenidas.
El problema de la reincidencia
Esa cantidad de personas se explica, en parte, por reincidentes, es decir, gente que recupera la libertad y vuelve a delinquir. Se estima que la tasa de reincidencia rondó el 29 por ciento en los últimos 15 años. En resumen, esto implica que una de cada tres personas privadas de su libertad ya había estado detenida antes. Tomando la cifra de 57,5 mil presos en el SPB, unos 16,6 mil serían reincidentes.
Ese es el número que quiere reducir el gobierno de Axel Kicillof. El programa por la reducción de la reincidencia busca promover “la inclusión social y comunitaria de personas privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios, bajo medidas alternativas al encarcelamiento y liberadas”. En particular, buscan hacerlo “a través de propuestas laborales, formativas y comunitarias”.
Según se explicó en el documento, uno de los objetivos principales del programa nuevo es fortalecer los polos industriales y talleres productivos que ya existen en las unidades penitenciarias de la Provincia. También va a financiar la puesta en marcha de dispositivos de formación laboral, técnica y profesional en las cárceles y en el medio libre.
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