Tras el revés judicial que sufrieron los despidos masivos, ahora quedó en jaque la política de negociación salarial que impuso el Gobierno de Javier Milei. Es que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se hizo eco de la denuncia que hizo un gremio y le pidió informes a la administración libertaria. Los detalles.
Todo comenzó con dos presentaciones hechas a fines de mayo y principios de junio por Claudio Marín, el secretario general de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA). El dirigente denunció que la gestión Milei incumple las leyes que obligan al Estado a mantener instancias de negociación paritaria con los gremios de estatales.
Ahora, la jefa del Servicio de Libertad Sindical de la OIT, Karen Curtis, se hizo eco de las quejas y le pidió explicaciones al Estado argentino. Puntualmente, le pide que responda sobre la violación de los convenios que establecen el derecho a la negociación colectiva libre y autónoma, sobre la imposibilidad de discutir salarios, y la omisión de una recomposición para el periodo de octubre a diciembre de 2023.
Si bien se trata de una medida que pone en jaque al plan motosierra, vale aclarar que el petitorio de la OIT solo refiere al caso puntual denunciado por Marín (vinculado a trabajadores de ARSAT). Lo mismo sucedió con el fallo que ordenó reincorporar a un trabajador despedido el 21 de marzo.
El pedido de informes de la OIT llega en un momento justo porque este mismo viernes habrá una reunión paritaria entre Nación y los gremios que nuclean a los trabajadores estatales. Desde ATE adelantaron que irán a pedir un aumento salarial por encima de la inflación, pero habrá que esperar la oferta de los libertarios. Por lo pronto, en la negociación del salario mínimo no llegaron a acuerdos y decidieron actualizarlo por decreto.
