La relación del gobierno de Javier Milei con los trabajadores estatales es cada vez más tensa. En medio de negociaciones paritarias cerradas por decreto, despidos y protestas, la Ley Bases volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Un gremio pide que sea declarada inconstitucional.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se presentó ante la Justicia Nacional del Trabajo para demandar al Poder Ejecutivo. El gremio que conduce Rodolfo Aguiar hizo una “acción declarativa de inconstitucionalidad” de aquellos artículos de la Ley Bases que modificaron el régimen del empleo público. A esto le sumaron un pedido de medida cautelar “para que se suspenda inmediatamente la aplicación de la norma”.
“La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta: es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación“, apuntó el secretario general del gremio. Según informaron desde ATE, la presentación judicial abarca el artículo 52 de la Ley Bases y otros 14 artículos, más el artículo 51 del decreto reglamentario 695.
Como ya informó INFOCIELO, una de las novedades de la Ley Bases es el “registro de disponibilidad“. Básicamente, desde que se reglamentó, los funcionarios pueden achicar sus planteles según su propio criterio y los trabajadores cesanteados se suman a esa lista. Una vez ahí, pueden ser despedidos. Aguiar contó ayer que en estos meses “quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos“.
La presentación judicial de ATE contra la Ley Bases
El documento acusa al gobierno nacional de violar 7 artículos de la Constitución: 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22. También le destina unos párrafos al ministro de Desregulación, y artífice de la Ley Bases, Federico Sturzenegger.
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Al autor intelectual de las reformas, ATE le pidió que informe la cantidad de trabajadores que hay en planta permanente en la administración pública nacional, la cantidad de personas desvinculadas desde el 26 de diciembre de 2023 a la fecha y si existe la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.
