Una de las polémicas secundarias que se generó tras la denuncia penal de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género es el rol del disuelto Ministerio de las Mujeres de la Nación, que según versiones periodísticas le negó la asistencia a la primera dama cuando la solicitó.
Ahora, la ex ministra Ayelén Mazzina desmintió esa versión. “Reitero: nunca supe de la situación de la ex primera dama. De haberlo sabido, jamás hubiera dicho: ‘quedate tranquila que ya va a pasar’, como sostuvo Sandra Borghi hoy por la mañana. Si hubiera pasado, habría renunciado y me hubiera puesto a disposición, como ya lo sostuve”, afirmó la dirigente.
Además, cuestionó las declaraciones de la periodista. “Es grave que se utilice estas situaciones para conveniencia política. La violencia de género existe y, por eso, es necesario contar con políticas públicas para hacerle frente. Espero que la periodista se rectifique. Yo seguiré del lado de las mujeres como siempre“, agregó.
Ayer, tras conocerse la noticia de la denuncia penal, Mazzina también se hizo eco del comunicado que compartieron las mujeres del Frente Renovador. “La violencia de género existe. No hay color político ni cargo. Siempre del lado de las mujeres. Mi solidaridad con Fabiola”, había publicado a través de sus redes sociales.
La causa contra Alberto Fernández por violencia de género
En la jornada de ayer la ex primera dama Fabiola Yañez radicó formalemente una denuncia penal contra el ex presidente y su ex pareja, Alberto Fernández, por violencia de género y amenazas. Fue a través de una videoconferencia con el juez Julián Ercolini.
Alberto Fernández negó los cargos en su contra y dijo que demostrará su inocencia ante la Justicia. A continuación se recluyó en su departamento en el barrio porteño de Puerto Madero. Según el entorno del ex presidente, incluzo amenazó con suicidarse.
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Pese a que Fabiola Yañez vive en España, el juez Ercolini estableció una restricción perimetral y también le prohibió la salida del país al ex mandatario. Ahora comenzará la investigación por los presuntos delitos de lesiones y amenazas.
