La Suprema Corte de Justicia bonaerense creó un registro para el ingreso de las personas travestis, transexuales y transgénero con interés de incorporarse y que reúnan las condiciones de idoneidad requeridas para el cargo.
La medida se adoptó a través de la Resolución SC Nº 920/21 en el que el máximo tribunal de justicia resolvió crear ese registro en la órbita de su Secretaría de Personal.
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En los fundamentos de su decisión citó la Ley Nº 14783 y su decreto reglamentario, tratados internacionales de Derechos Humanos y los Principios de Yogyakarta sobre “Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género”.
Para su implementación, el pronunciamiento establece que la Subsecretaría de Tecnología Informática desarrollará el sistema informático para incorporar el formulario electrónico de inscripción en el sitio web scba.gov.ar.
La Secretaria de Personal realizará un relevamiento que permita determinar el porcentaje de personas pertenecientes a este colectivo que se desempeña actualmente en el Poder Judicial.
Por su parte, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) celebró la medida y sostuvo que “esta reglamentación constituye una conquista enorme del colectivo travesti trans, del movimiento transfeminista y de la Asociación Judicial Bonaerense, que desde hace años ha levantado esta bandera y ha exigido su implementación al máximo Tribunal, en el entendimiento de que la demora en la regulación constituía una deuda enorme del Estado que comprometía los derechos humanos más elementales”.
“Este es un gran logro del sindicato, y en particular de la Secretaría de Géneros, que desde hace años ha tomado con fuerza esta demanda y ha incluído el reclamo en cada lucha llevada adelante por el sindicato en materia de género”, señaló Débora Bertone, secretaria de Géneros e Igualdad de Oportunidades de la AJB.
“La inserción al mercado laboral de las personas trans es una deuda del Estado que necesitaba una respuesta urgente por parte del Poder Judicial. Una comunidad muy castigada por la imposibilidad de acceso a un trabajo formal y la consecuente negación de derechos fundamentales como la vivienda, la salud y la educación, con un promedio de vida muy bajo, que en la actualidad se mantiene en los 35 años”, añadió.
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