En otra jornada maratónica, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ley para declarar a la educación como “servicio estratégico esencial“. El proyecto, que deberá ser tratado en el Senado, es resistido por gremios docentes que ayer marcharon al Congreso para rechazarlo. Las razones de la polémica.
La idea de declarar a la educación como servicio esencial viene de larga data, pero volvió a tomar impulso en 2022. Uno de sus principales impulsores es Alejandro Finocchiaro, el diputado nacional del PRO que fue director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal.
Durante el debate en el recinto, Finocchiaro aseguró que el proyecto “beneficia a toda la sociedad” y “pone en el centro del debate educativo a los chicos”. “Tenemos que encontrar un equilibrio entre el derecho a educarse y el derecho a huelga“, propuso.
En ese punto radica la gran polémica. Según la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), el único objetivo de este proyecto es limitar el derecho a huelga de los docentes. De hecho, ayer los gremios docentes se movilizaron a las puertas del Congreso para rechazar la iniciativa.
Durante la protesta, la secretaria general adjunta del SUTEBA, María Laura Torre, explicó que “intentan hacer que la educación deje de ser un derecho para todos y se transforme en una mercancía“. “Si esto sucede, los legisladores serán responsables de dejar a la educación a merced de las empresas y la mercantilización”, completó.
Lo cierto es que, pasadas las 3 de la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa. El proyecto cosechó 131 votos a favor, 95 negativos y 2 abstenciones. Ahora, debe ser tratado y aprobado por el Senado para convertirse en ley.
