Este lunes, la Legislatura recibirá y empezará a debatir la Ley de Presupuesto y la Ley Impositiva para 2025, otro año en el que, se presume, habrá “economía de guerra” por la dinámica de la macroeconomía nacional pero también por el castigo de la administración nacional sobre 18 millones de bonaerenses.
El gobierno de Axel Kicillof buscará darle fuerza de ley a una acción de gobierno que viene desarrollando desde el 10 de diciembre de 2023, cuando Javier Milei y su motosierra desembarcaron en Balcarce 50: “Será lo mismo que se hizo este año: protección social e inclusión”, adelantaron a INFOCIELO fuentes de economía que mantienen los números bajo siete llaves.
Dicho así parece simple, pero en rigor implica llevar alimentos a las familias bonaerenses más necesitadas, a través de los programas del ministerio de Desarrollo de la Comunidad, sostener servicios esenciales como Educación, Salud y Seguridad que entran en jaque cada vez que las crisis arrecian, sin descuidar el eje de obra pública, la agenda ambiental y de género.
Motosierras en la rueda
Para cualquier gobierno ha sido difícil atender las necesidades de los habitantes de la provincia más poblada y más castigada en el reparto de recursos nacionales. El contexto actual es, sin embargo, inédito: la administración Milei considera a Kicillof su enemigo público número 1 y le hace la vida imposible.
Esta inquina política agrava un problema estructural del que nunca hay que cansarse de hablar: Buenos Aires, que recibe el 21 por ciento de los fondos federales a pesar de tener el 40 por ciento de la población y de aportar más del 35 por ciento del PBI. Ahora, además, padece además un recorte del 10 por ciento de las transferencias nacionales y una caída de la recaudación, en términos reales, de entre 8 y 10 por ciento, producto del freno a la actividad económica, que pega de lleno en una provincia de perfil netamente productivo.
Hace cinco años, las cosas eran diferentes. La administración de Alberto Fernández intentó equilibrar la balanza direccionando a La Plata 4 de cada 10 pesos que transfería a las provincias, en proporción directa a los datos de población y productividad. A pesar del discurso instalado mediáticamente, movió poco la aguja: Buenos Aires recuperó durante ese período el equivalente a entre 3 y 4 puntos de coparticipación.
Como si todo eso fuera poco, los libertarios hacen todo lo posible para impedir que Buenos Aires acceda al mercado de capitales. El pedido de autorización para contraer endeudamiento que el Ejecutivo cursó a fin de año pasado se encontró con todo tipo de trabas en la Legislatura.
Cuando al fin salió, la pelota rodó hasta los pies de Toto Caputo, el Messi de las finanzas, que la puso bajo la suela: Nación aletargó las autorizaciones necesarias y complicó más las cuentas bonaerenses. “No rechaza los pedidos, pero los demora. Y él sabe que en estos temas importa mucho el timing”, se quejan en Provincia.
La deuda bonaerense es un problema en sí mismo. Cuando María Eugenia Vidal dejó el Gobierno, en 2019, la Provincía debía enfrentar vencimientos impagables, a razón de 1.500 millones de dólares al año, por los bonos colocados con la ayuda de Macri, Caputo y algunos intendentes peronistas.
Kicillof y López negociaron con los acreedores: lograron una quita y un mejor plan de pagos. Buenos Aires destina entre 350 y 700 millones de dólares para saldar esas deudas. Y cambiaron de acreedores: hoy logran financiar programas y obras mediante organismos multilaterales, que tienen tasas más amigables.
Un complejo periplo legislativo
El proyecto de Ley de Presupuesto junto el de la Ley Impositiva ingresarán formalmente mañana a la Cámara de Diputados. El ministro López y el titular de ARBA, Cristian Girard, serán los encargados de defenderlo ante propios y extraños, aunque, como ya contó INFOCIELO, el primero de ellos tuvo encuentros con la tropa oficialista para adelantar la línea.
La correlación de fuerzas con la oposición y el delicado momento del oficialismo llevan al Gobierno a extremar cuidados. Por eso los funcionarios provinciales se cuidaron de que no se filtrara ni un número. La estrategia se complementa con un ingreso “amigable” por Diputados, que tiene la agenda más despejada porque los proyectos del Ejecutivo ya fueron aprobados y girados al Senado.
Se prevé que las negociaciones con la oposición incluyan, como es de rigor, algunos fondos especiales a los municipios y la sobreactuación de bloques afines al presidente Javier Milei, que se escandalizarán por el esquema impositivo que se presente, sin importar sus características. Ese show comenzará a desplegarse desde el martes, cuando las iniciativas del Gobierno tomen estado parlamentario y empiecen a circular por las bancadas.
