Indagarán a Arribas por espionaje ilegal en la Provincia

La Justicia de Dolores citó a indagatoria al ex titular de la AFI, Gustavo Arribas y a su segunda, Silvia Majdalani, y procesó, aunque sin prisión preventiva, a los encargados de las denominadas “Bases Amba”, Pablo Polimonti y Ricardo Bogolik, después de considerar probada la realización de espionaje ilegal sobre referentes políticos en la Provincia de Buenos Aires, durante la gestión de María Eugenia Vidal.

En la resolución a la que accedió INFOCIELO, el magistrado concluyó que según las pruebas reunidas en la causa, los investigados “se dedicaron casi exclusivamente a recopilar y almacenar información y producir inteligencia respecto de personas por mero hecho de ideología política o adhesión a distintas organizaciones, ya sean gremiales partidarias y comunitarias”, en las que –se destaca- sobresale la elaboración de informes sobre actividades de protesta social y manifestaciones políticas que pudiesen perjudicar a la gestión de turno.

El fallo, de más de 300 páginas, realiza un pormenorizado detalle de la abundante prueba recopilada sobre actividades de espionaje, por lo que “hay elementos suficientes que permiten considerar que la práctica de recolección de información personal sobre la base del perfil político de distintos ciudadanos, fue una constante en todas las delegaciones provinciales que se encontraban a cargo del imputado, y tuvieron despliegue por lo menos desde el año 2017”.

Las pruebas recopilan informes supuestamente secretos elevados desde la “mesa de la Provincia de Buenos Aires”, con actividades político partidarias y movilizaciones sociales, con información personal de los objetivos apuntados.

“Luego de la exposición meramente ilustrativa del frondoso plexo probatorio reunido y sus características, no cabe más que reafirmar que, por lo menos durante el año 2017, funcionó en la Provincia de Buenos Aires una serie de bases de inteligencias dedicadas de forma sistemática a la recolección, sistematización y análisis de información de inteligencia, referida a referentes y organizaciones políticas, sociales, comunitarias y vecinales”, asegura el magistrado.

La causa, que es encamina a transformarse en un verdadero escándalo político con derivaciones impredecibles, logró reunir pruebas que aseguran que desde las “Bases AMBA”, durante la gestión de María Eugenia Vidal, “se reunía información vinculada a las actividades políticas de la oposición, en los diferentes distritos del Gran Buenos Aires”.

Según se desprende del fallo judicial que ordenó las indagatorias, la información reunida “luego era procesada y analizada en informes semanales y reportados a la superioridad, la que culminaba con el ciclo de inteligencia a través de la planificación y toma de decisiones, teniendo como base aquella información de inteligencia prohibida”.

Hay partes de actividad, en los que, por ejemplo, “se ordena mediante una directiva específica, el ‘seguimiento de agrupaciones, miembros propios, adherentes y afines, a Luis D’elía”. Una vez procesada, la información que incluye un perfil específico de los dirigentes territoriales del entorno del ex líder piquetero, se elaboraban informes que luego eran elevados a la AFI para su procesamiento final.

Hubo, además, operativos específicos vinculados a las elecciones de medio término durante el mandato de María Eugenia Vidal, e 2017, en los que también se logró demostrar la recopilación de datos, análisis de actividades, y una serie de hechos “vinculados a las elecciones que se desarrollaron en la Provincia de Buenos Aires”.

“Entre fines de 2016, y durante 2017, desde las delegaciones instaladas en la Provincia de Buenos Aires, se desplegaron tareas de inteligencia ilegal, en forma constante y coordinada en casi todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, e perjuicio de numerosas personas y organizaciones sobre la base exclusiva de su afinidad, pertenencia o actividad política”, asegura la resolución judicial.

El denominado “Proyecto AMBA” que la Agencia Federal de Inteligencia desplegó en territorio bonaerense durante la gestión de Mauricio Macri a nivel nacional y de María Eugenia Vidal en la Provincia, consistió en la instalación de seis bases de inteligencia en el Conurbano.

Las “Bases amba” dependían de la Dirección de Reunión de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Pinamonti, y se encontraban distribuidas en seis delegaciones ubicadas todas en el Gran Buenos Aires: Ezeiza, La Matanza; Morón (Haedo); Pilar; Quilmes y San Martín. No eran las únicas que aportaban a la maniobra delictiva que ahora investiga la Justicia. Se sumaron, además, las bases históricas con las que contaba la AFI, en La Plata; Mar del Plata y Bahía Blanca.

En la resolución, la Justicia estipula que “si bien para el discurso público se crearon con el fin de investigar delitos federales complejos, como el narcotráfico o la trata de personas, en la práctica se utilizaron casi exclusivamente para realizar espionaje interno de tipo político”.

La Justicia logró demostrar a través de las pruebas recopiladas, que las situaciones reveladas, “no versan sobre situaciones de riesgo para la seguridad interior” –tal era el fin admitido de forma pública- sino que “se recopilaron en forma sistemática datos personales de diferentes ciudadanos que se transformaron en objetivos de la inteligencia estatal como consecuencia de sus actividades políticas, ya sean partidarias, comunitarias o gremiales”, y en la mayoría de los casos de situaciones que revelaran “eventuales riesgos para los intereses políticos de la gestión gubernamental de turno”.

Objetivos alcanzados.

En la resolución, se enumeran una serie de organizaciones sociales, políticas, comunitarias y vecinales, dedicadas a la militancia. “A mero título ilustrativo –asegura el Juez- “se encontraron informes de inteligencia con relación a las siguientes organizaciones sociales o políticas: CTD Aníbal Verón, Quebracho, Corriente Patria para Todos, Movimiento Popular Antiimperialista, Resistiendo con Aguante, Movimiento Popular La Dignidad, Movimiento Evita, Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, Comisión Provincial por la Memoria, Miles, La Cámpora, Corriente Javier Barrionuevo, Frente Popular Darío Santillán, Furia Feminista, Agrupación Unidos por los Niños de Villa Golf, Frente Socialista Popular, Encuentro Popular, ONG Ayudemos a los Chicos, Cooperativa La Tribu, Corriente Pueblo Unido, Asociación Comunitaria Sur, Agrupación Néstor Kirchner, Unión de Juventudes Socialistas, Asociación Civil Latinoamericana de Vecinos de Esteban Echeverría, Organización Madres del Trueque. Se encontraron también informes de inteligencia con relación a los siguientes partidos políticos: Unidad Ciudadana, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Frente 1 País, Cumplir, Cambiemos, Compromiso con Vos, Partido Justicialista, Frente Renovador, Partido Obrero, Izquierda Socialista, CO.PE.BO.

Entre los “espiados”, aparecen, además, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba); Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba); Tribuna Docente; Central de Trabajadores Argentinos (CTA); Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP); Asociación del Personal Aeronáutico (APA); Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA); Unión de Personal de Empresas Aerocomerciales (UPSA); Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA); Asociación del Personal Legislativo (APL); Colectivo de trabajadores de la Empresa Plásticos Mascardi; Colectivo de trabajadores de la Empresa Cresta Roja; Colectivo de trabajadores de la Empresa Expreso Lomas; Sindicato de Choferes de Camiones; Union de Trabajadores Industriales del Calzado; Unión Obrera Metalúrgica (UOM); Docentes en Marcha; Federación de Educadores Bonaerenses (FEB); Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA); Comité de Solidaridad con los Trabajadores Tercerizados de Aerolíneas Argentinas”.

Uno de los informes que logró probarse, sigue las actividades de campaña electoral de los partidos opositores, y tiene como objetivo marcados actos de proselitismo de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El informe reseña quienes fueron los oradores, el número estimado de asistentes, y realiza un detalle de las diferentes chapas patentes de los micros y minibuses utilizados para trasladar asistentes al acto” realizado en Canning, partido de Ezeiza.

Además, se relevaron documentos en los que se advierte la existencia de una orden directa de la superioridad de la Agencia de realizar el seguimiento en cada distrito bonaerense del devenir de las manifestaciones vinculadas al reclamo por Maldonado.