¿Hasta cuándo?: Javier Milei insulta muertos y desea enterrar vivos rivales políticos
Insultó al fallecido González García. Expresó su deseo de "enterrar viva" a Cristina. Ante la violencia verbal de Milei, ¿deberían políticos pasar a la acción?
Este último fin de semana, el presidente Javier Milei, fiel a su estilo violento, desató dos nuevos exabruptos que evidencian, una vez más, su total falta de control verbal y su desprecio por los límites que impone la civilidad política.
Lo primero fue un ataque brutal al exministro de Salud Ginés González García, fallecido apenas 24 horas antes. Durante una charla sobre tecnología, Milei lo calificó de "hijo de p..." por su gestión durante la pandemia.
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Una declaración no solo impensable por el contexto de luto, sino abiertamente cruel y provocadora.
LA VIOLENCIA QUE PROMUEVE JAVIER MILEI
Como si esto no fuera suficiente, el domingo por la noche, en una entrevista con uno de los periodistas partidarios, casi un fan de él, llamado Franco Mercuriali de la señal de noticias del diario Clarín, TN, redobló la apuesta.
Declaró, con su habitual grandilocuencia, que él quería ser "el que ponga el último clavo en el cajón del kirchnerismo, con Cristina Fernández de Kirchner adentro". Un deseo de muerte formulado con la frialdad de quien se jacta de su poder destructivo, obviando que hace 2 años hubo un intento fáctico de matar a la ex presidenta, que aún debe ser juzgado.
La clase política, en su mayoría (aunque no exclusivamente) perteneciente al peronismo, no tardó en responder.
Declaraciones de condena llovieron desde varios sectores internos. Se habló de la gravedad de los dichos, de la falta de respeto por los muertos y de la incitación a la violencia. Pero ¿hasta cuándo la ciudadanía deberá conformarse con meros tweets o comunicados de prensa que se agotan en la indignación verbal? ¿Cuándo la clase política dejará atrás la tibieza discursiva y comenzará a actuar con firmeza?
Porque, lo que Milei dijo no es solo censurable desde el punto de vista moral o ético; lo es también desde lo legal.
El Código Penal argentino prevé sanciones para aquellos que incurren en insultos y amenazas, más aún cuando estas tienen un claro trasfondo político y son proferidas desde la más alta investidura del poder.
El presidente ha cruzado una línea roja al desear públicamente la muerte de una figura política de la magnitud de Cristina Fernández de Kirchner, y no basta con lamentar su comportamiento desde las redes sociales o las tribunas partidarias.
Es hora de que los legisladores, tanto diputados como senadores, dejen de ser simples espectadores y accionen, de una vez por todas, desde el Congreso.
¿Es que acaso la gravedad de los hechos no amerita una intervención del Parlamento? La democracia no puede permitirse quedar como una 'observadora opinóloga' ante un mandatario que insulta a los muertos y desea enterrar vivos a sus rivales políticos.
Estas no son únicamente palabras: son gestos que incitan a la violencia, que prenden la chispa de una Argentina cada vez más polarizada, donde la violencia física ya no le es ajena, y el 1 de septiembre de 2022 es la prueba concreta de esta locura desatada ahora por la máxima autoridad política del país.
EL PODER JUDICIAL
La justicia también tiene su responsabilidad en este asunto. Existen leyes y códigos que protegen la integridad de las personas, y las palabras de Milei, por más que vengan del presidente, no pueden quedar impunes, y no necesitan de denuncias de nadie por tratarse de delitos de orden público.
Es urgente que se inicie una investigación judicial que examine aplicar sanciones, aunque esto no implique, necesariamente, la prisión o el apartamiento inmediato del cargo.
Sin embargo, poner en marcha un proceso judicial es una señal clara de que la Argentina no tolera más discursos de odio ni deseos de muerte formulados desde la cúpula del poder.
Lo cierto es que, mientras sigamos respondiendo a la demencia verbal de Milei con condenas huecas, él seguirá avanzando en su cruzada destructiva "neronista", como un incendiario que disfruta ver el país arder.
No estamos ante una cuestión de libertad de expresión; estamos ante un presidente que, con su violencia verbal, legitima el odio y abre la puerta a la violencia física. Y si no actuamos a tiempo, las consecuencias van a ser trágicas.
La alerta está dada. Ya no basta con palabras. Es momento de pasar a la acción.
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