El proyecto de Javier Milei, canalizado a través de sus ministros Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, de bajar la edad de imputabilidad a los 13 años encontró un fuerte rechazo en la Iglesia católica, que a través de un comunicado dijo que se trata de una “salida superficial” a la problemática de la delincuencia juvenil.
La Pastoral Carcelaria de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) calificó como “necesario” un nuevo régimen penal juvenil, “que acompañe y promueva integralmente el desarrollo de los menores, pero sin bajar la edad mínima de imputabilidad”.
La Iglesia señaló entre los principales argumentos que el desarrollo cognitivo y psicológico de una persona, “que le permite razonar, anticiparse, planificar o realizar juicios críticos, está incompleto” entre los 18 y 19 años de edad.
“En la Pastoral Carcelaria, decimos que cuando alguien comete un delito, trasgrede la ley y cae preso es porque alguien estuvo ausente: la familia, la sociedad, el estado, la escuela, la Iglesia, etc”, marcaron.
“Nunca el encierro, ni penas más duras, ni la baja de la imputabilidad, son la solución para detener la violencia. Son salidas superficiales y sin lógica de solución hacia el futuro”, manifestó la organización eclesiástica.
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Las boletas incluirán un QR interoperable y el sitio del Ministerio tendrá botón de pago, para facilitar el cumplimiento sin intermediarios ni comisiones.
Por eso, recordaron las palabras del papa Francisco cuando señaló que en la Argentina “necesitamos a los jóvenes, necesitamos su creatividad, sus sueños y su valentía, su simpatía y sus sonrisas, su alegría contagiosa y también esa pizca de locura que saben llevar a cada situación, y que ayuda a salir del sopor de la rutina y de los esquemas repetitivos en los que a veces encasillamos la vida”.
“Los necesitamos, pero NO presos, sino como parte de una sociedad más justa, sana, solidaria, que los incluya para participar y evolucionar, no encerrados en una decadente y oscura involución”, continúa la CEA en el mensaje.
Asimismo, reclamaron el “presupuesto necesario para acompañar a menores en conflicto con la ley, pero también de todas las instituciones que forman parte de la sociedad civil, con profesionales idóneos y comprometidos”.
En tanto, dieron cuenta de que “las estadísticas no justifican la aplicación” de la reforma penal que propone el Poder Ejecutivo. “Se conoce que los delitos cometidos por adolescentes entre 14 y 16 años representan el 0,4%, un porcentaje bajo del total de delitos en el país y que el porcentaje de participación en homicidios es del 0,7%”, finalizaron.
