Los familiares y amigos de Luciano Arruga, que sospechan de la policía con respecto a la desaparición joven en Lomas del Mirador el 31 de enero, manifestaron su malestar con el gobernador Daniel Scioli.
Por medio de una carta abierta, consideran una falta de respeto que el mandatario haya recibido a la familia del camionero asesinado Daniel Capristo “a tan sólo tres días del caso” y no a ellos “a casi tres meses de la desaparición”.
“Nosotros, los familiares y amigos, no tuvimos una entrevista con usted, ni hemos escuchado ningún pronunciamiento suyo al respecto. Sepa usted que nosotros también nos consideramos víctimas de la inseguridad, pero de otra inseguridad, una inseguridad que los medios de comunicación ocultan sistemáticamente, y una inseguridad sobre la cual usted tiene una responsabilidad mucho mayor: una responsabilidad política directa”, indican.
Según advierten en el texto, “Luciano se encuentra desaparecido desde el 31 de enero de 2009, y desde un primer momento nosotros, los familiares y amigos de él, aportamos a la causa los datos que apuntan a la responsabilidad del personal de la Policía Bonaerense en la desaparición forzada. Como le hemos contado en una carta anterior, enviada el 14 de abril, fue secuestrado en la madrugada en la jurisdicción donde se encuentra el destacamento policial de Lomas del Mirador. Testigos que lo vieron por aquellos días afirman que estuvo detenido en el destacamento y que fue golpeado salvajemente. Es importante señalar que Luciano ya había estado detenido en el destacamento el día 21 de septiembre de 2008, desde las 9 hasta entrada la noche. Cuando sus familiares se acercaron hasta allí, pudieron escucharlos gritos de Luciano mientras era golpeado por la policía”.
“Desde aquel día de septiembre, las amenazas policiales fueron permanentes y culminaron, sospechosamente, en su desaparición. Luciano, como todos los chicos humildes del barrio, era constantemente hostigado por la policía. Hasta el día de la fecha, no se sabe nada. Existe una causa judicial por averiguación de paradero. En su inicio, la causa estuvo a cargo de la fiscal Castelli de la UFI N 07 de San Justo. Desde un primer momento los familiares de Luciano solicitaron a la fiscal que siga la pista policial ya que él había recibido reiteradas amenazas por parte de efectivos policiales que llegaron al punto de ponerle un arma en el pecho. A pesar de la presión de la familia, que presentó tres escritos en la fiscalía, Castelli tuvo durante 35 días paralizada la causa, siguiendo pistas ridículas y declaraciones de chicos de 12 años tomadas ilegalmente en sede policial. Finalmente, y debido a todas estas irregularidades la fiscal general decidió apartarla de la causa, que recayó en manos de la UFI N° 1 a cargo de la Dra. Sejas, quien desde hace unos días esta a cargo de la investigación. Por todo lo expuesto es que nos dirigimos nuevamente a usted para reclamar ante quien corresponda la inmediata intervención en el caso en cuestión, advirtiendo sobre las responsabilidades que pueden derivar por la desaparición de un ciudadano en la provincia de Buenos Aires”.