La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) quedó en el centro de la polémica tras una investigación publicada por el periodista Hugo Alconada Mon, quien denunció que el organismo estaría elaborando informes secretos con fines políticos. Entre los espiados figurarían dirigentes opositores, gremialistas, periodistas críticos e incluso asociaciones de jubilados, mientras no se registra ninguna mención sobre funcionarios o aliados del oficialismo libertario.
Según detalló Alconada Mon en un hilo publicado en la red social X (antes Twitter), los reportes omiten de forma sistemática a figuras cercanas al presidente Javier Milei, pero sí incluyen nombres como Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y hasta encuentros privados, como el de Facundo Manes con Néstor Grindetti.
El PIN y los “fondos reservados”
Cabe recordar que en mayo, el diputado Pablo Juliano, del bloque Democracia para Siempre, presentó un proyecto para citar al Congreso al jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, conocido como “Señor 5”, apelando al artículo 71 de la Constitución Nacional. “Queremos llevar tranquilidad a la población y evitar un avance autoritario”, declaró.
En mayo de este año, Alconada Mon ya había sido blanco de amenazas tras exponer fragmentos del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), un documento confidencial de 170 páginas que proponía usar el aparato estatal para “controlar el relato” y “vigilar la manipulación de la opinión pública”.
“Se presentó el proyecto para que comparezca el titular de la SIDE ante la Cámara de Diputados y explique el PIN (Plan de Inteligencia Nacional) dado que el periodista Alconada Mon accedió a un documento de 170 páginas en donde se darían casos de espionaje interno a periodistas, políticos, ciudadanos y partidos políticos que se opusieran a Milei y a su gobierno”, detalló Juliano en aquella oportunidad.
Finalmente, a mediados de junio, Neiffert mantuvo un encuentro en su despacho con los miembros de la bicameral de fiscalización de inteligencia del Congreso. Durante la reunión aseguró que no tenía previsto usar los recursos para perseguir periodistas o referentes de la oposición. En ese momento las respuestas con no conformaron a los legisladores que en la letra del texto del PIN observaban una clara habilitación a espiar a dirigentes.
La SIDE fue resucitada en julio de 2025 por decreto presidencial y depende directamente de la Casa Rosada. Su presupuesto creció a un ritmo vertiginoso: según la Decisión Administrativa N°10/2025, el organismo recibió 25.250 millones de pesos extra, sumando más de 80.000 millones de pesos ejecutados en lo que va del año. A esto se suma el polémico DNU 656/24, ya rechazado por el Congreso, que otorgó otros 100.000 millones sin control legislativo.
De ese total, más de 13.000 millones fueron destinados a “gastos reservados”, es decir, fondos sin obligación de rendición ni supervisión institucional. El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, advirtió en agosto del 2024 que en solo tres semanas se ejecutaron 80.000 millones de esos fondos, en una maniobra “sin control ni justificación legal alguna”.
Las repercusiones y la respuesta de Presidencia de la Nación
Desde la sociedad civil, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificó como “ilegal” la producción de inteligencia política dirigida a opositores, periodistas o actores sociales que cuestionen la gestión nacional. Para el organismo, la línea entre seguridad y persecución ideológica “se vuelve peligrosamente difusa”.
En respuesta, la Oficina del Presidente publicó un escueto comunicado desmintiendo las acusaciones, pero sin aportar documentación que las refute. Alconada Mon aseguró que la investigación cuenta con al menos dos fuentes independientes y verificadas, cumpliendo con los estándares del periodismo profesional.
Desde la oposición, Facundo Manes se expresó en redes: “Milei sigue la peor tradición de la casta: espiar a los que piensan distinto. Desfinancia al Garrahan pero le sube el presupuesto a los servicios. Esto no nos va a dar miedo. Vamos a seguir defendiendo la Argentina que se quieren llevar puesta.”
La SIDE ya no parece limitarse al espionaje internacional o a amenazas terroristas. Los documentos filtrados muestran que su accionar apunta ahora a la disidencia interna, la crítica social y el control del debate público, en un escenario que hace crujir los pilares democráticos.
