La denuncia presentada por el Ministerio de Patricia Bullrich contra la jueza Karina Andrade quedó envuelta en un insólito error que detectaron en redes sociales. En el documento oficial, la acusaron bajo un nombre incorrecto. En toda la presentación judicial, en lugar de Andrade, se consignó “Karina Delgado”.
Este desliz no es un simple error administrativo. Es una muestra de la falta de rigurosidad y consistencia con la que fue armada la acusación impulsada por el Ejecutivo. Allí señalan a la jueza por liberar a los 114 detenidos durante la protesta en defensa de los jubilados.
Si ni siquiera se tomaron el trabajo de verificar el nombre de la persona denunciada… ¿con qué nivel de precisión se construyó el resto de la presentación?
En redes sociales se comentó que el error fue corregido en una versión posterior de la denuncia. Pero la equivocación inicial quedó expuesta y puso en duda la seriedad del documento oficial.
Una denuncia con fallas desde el inicio
La denuncia, firmada por Fernando Oscar Soto, representante del Ministerio de Seguridad bajo la conducción de Patricia Bullrich. Allí acusa a la jueza de prevaricato, omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento.
Que el propio Gobierno erre en su identificación genera dudas sobre la solidez de la acusación y la prolijidad con la que fue elaborada.
Según el texto, la jueza — “Delgado”, como la llamaron originalmente— actuó de manera irregular ordenando la liberación de los detenidos pocas horas después de la marcha.
Se la acusa de haber ignorado pruebas sobre la presencia de grupos violentos y de haber tomado una decisión parcial en favor de los manifestantes.
Una fake news difundida por el mismo funcionario de Bullrich
Este no fue el único “error” en la ofensiva oficial contra la jueza.
Al día siguiente de los incidentes, el propio Fernando Soto subió un video que, según él, mostraba colectivos trasladando supuestos barrabravas a la manifestación.
Sin embargo, la comunidad de Twitter descubrió rápidamente que las imágenes correspondían a una movilización de hinchas de Racing en 2022. Nada tenían que ver con los hechos denunciados.
El episodio constituyó una fake news difundida por un funcionario público directamente dependiente de Patricia Bullrich. Fue en un intento desesperado por instalar la idea de una protesta organizada por grupos violentos.
Este nuevo traspié sumó otra capa de dudas sobre la veracidad y solidez del relato oficial.
Un relato oficial que pierde credibilidad
Mientras los grandes medios de comunicación evitaron resaltar estos errores, en las redes sociales quedaron expuestos y generaron fuertes críticas.
La denuncia contra la jueza Karina Andrade ya arrancó con fallas graves. El intento de instalar una versión distorsionada de los hechos a través de una fake news solo profundizó la desconfianza.
En tal contexto el Gobierno insiste en “endurecer su postura contra la protesta social”. Pero estos errores dejan en evidencia la falta de rigurosidad y transparencia en su estrategia judicial y comunicacional, que cuenta con connivencia mediática.
