El negocio de Macri con los peajes que podría terminar con Dietrich preso

La ex directora de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional, justificó hoy el accionar de la Justicia en el procesamiento de los ex funcionarios macristas, y explicó, en detalle, cuál es la maniobra que podría terminar con al menos tres funcionarios de la gestión anterior tras las rejas

Se trata de Julieta Ripoli, la abogada que dictaminó en contra de la extensión de la concesión para la explotación vial de los accesos norte y oeste que impulso el macrismo tras su llegada al Poder en 2015. Esa resolución, le valió que Cambiemos la echara del cargo, tal como ocurrió después con el ex Procurador General del Tesoro, Carlos Balbín, designado por el macrismo, que también se oponía al negociado que beneficiaba a una empresa del propio presidente, Mauricio Macri.

En declaraciones a FM CIELO, Ripolli explicó la situación, en un puntilloso detalle: “Los contratos de concesión que explotaba la familia del presidente Macri, se habían otorgado en 1994, en pleno menemismo”, aseguró.

En ese contexto, según relató Ripoli, “ganó la concesión del acceso norte, que es el más rentable, la empresa SIDECO AMEICANA, de la familia del Presidente Mauricio Macri. “Por pliego de contrato, de esa licitación que había ganado SIDECO AMERICANA, de Socma –sociedades Macri- se veían obligados a conformar una nueva sociedad que después se terminó llamando autopistas del sol que es la concesionaria del acceso norte, con el objeto único de llevar adelante este contrato de concesión”

“Este contrato se había entregado por 25 años, y estaba por vencer en 2018 y 2020. Si le sociedad de objeto único está próxima a vencer, las acciones de las empresas que la integran, van a valer cada vez menos porque se supone que cuando llegue el final, se empresa se va a disolver, explicó Ripoli.

Sin embargo, ocurrió todo lo contrario: “Si uno va a la bolsa y ve las acciones como aumentaron desde enero de 2015, cuando Macri ni siquiera se sabía que iba a ser candidato, pasando por las PASO de 2015, cuando ya había muchas chances de que lo fuera por el resultado de esas elecciones, se habían disparado: pasaron de $3 a $8 y después de diciembre de 2015, cuando asumió Macri, hasta $15”

La suba del valor de las empresas, no se detuvo en esa instancia. Según explicó la abogada, “durante 2016 y 2017, treparon hasta ochenta y pico, cuando, se sabía, dos años después, terminarían esos contratos”.

¿Cómo se explica que eso ocurra, cuando, se sabe, se impone la regla del mercado en estos casos? Según la letrada, “la única lógica es que ya se descontaba, entre los empresarios, porque uno de los socios de las empresas era el propio Presidente, que se iban a prorrogar la concesión durante 12 años más, y se le iba a reconocer el reclamo económico”

“Cuando Mauricio Macri asume en 2015 –continuó- siendo socio de un de las concesionarias, ya se descontaba que se iban a prorrogar estos contratos y que se le iban a reconocer, los montos millonarios que reclamaban”

Con esa situación planteada, “el ardid que utilizaron fue: 3 días antes de que su socio asumiera como presidente, interpusieron una demanda ante el CIADI, que es el Tribunal arbitral del banco mundial, que no debería haber actuado”.

“A la demanda la interpuso una empresa española que es la controlante de las 2 concesionarias del acceso norte y el acceso oeste. En los papeles, figuran como dos empresas diferentes, pero en los hechos es la misma empresa porque el presidente de la concesionaria del acceso norte, y el presidente de la concesionaria del acceso oeste, y el director de Albertis, la española que interpuso la demanda, es la misma persona, Andrés Barberis” detalló.

“Ellos sabían que no podían presentar una demanda ante el CIADI, porque jamás habían impuesto una demanda contra la Argentina en el país, y ni siquiera un reclamo administrativo”, explicó la abogada de Vialidad Nacional, tras lo cual –dijo- “lo que hicieron fue: cuando Macri ganó las elecciones, interpusieron un reclamo administrativo lavado, para justificar la presentación ante el CIADI reclamando una suma millonaria por resarcimiento”.

 “Con esa presentación, después salió el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, a decir que cuidaba la economía argentina, y como había una demanda millonaria que el Estado iba a perder, que era mentira, renegociaban el contrato y les pagaban ese monto a las empresas ‘en beneficio de la argentina’”

Ripolli, no fue la única que se opuso al negociado por el que, ahora, procesaron a Guillermo Dietrich, el ex ministro de transporte de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri. También se opuso el ex Procurador General del Tesoro, Carlos Balbín, que había sido designado por Cambiemos. Como a Ripolli, la defensa del interés del país, le costó también a Balbín su cargo.

Así lo explicó Ripolli: “Balbín es una eminencia del Derecho Administrativo, y había sido nombrado por el propio Mauricio Macri como Procurador, porque, si mal no recuerdo, es un hombre de extracción radical”.

“Él había defendido bien los intereses del Estado frente al CIADI: les dijo que no tenían competencia porque no había una demanda interna ni reclamo administrativo previo, y el CIADI le había reconocido la posición a Balbín. Además, el Procurador objetó que estaba prescripto el plazo para el reclamo porque habían pasado los 10 años que tenían las empresas para reclamar, y esa deuda eran de 15 años atrás, por eso lo echaron y designaron al abogado de la familia del presidente, Saravía Frías”.