El conflicto entre el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y las cúpulas de las empresas parece no tener final y ahora el secretario general del gremio Alejandro Crespo (PO) se le abrió un nuevo frente de batalla contra el gobierno al ser denunciado penalmente por el ministerio de Trabajo.
La denuncia de la cartera laboral llegó luego de que la dirigencia del SUTNA tomara el edificio de calle Callao y acampara toda la noche en su interior en protesta a la oferta paritaria que se les había realizado.
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Desde el gremio argumentaron la toma en base a que las autoridades ministeriales intentaron “imponer de hecho el cierre de la paritaria 2021-2022, desconociendo en forma total los reclamos de los trabajadores”.
La respuesta del ministerio no fue solamente la denuncia ante la justicia que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, sino también la suspensión de las negociaciones para no convalidar la ocupación ilegal.
Por su parte Crespo expresó que la denuncia del ministro de Trabajo “se asemeja a los dichos anti-obreros de (José Luis) Espert” y responsabilizó al accionar de la cartera de trabajo por “las acciones gremiales dentro y fuera del ministerio” que a su entender se vieron obligados a tomar.
En ese sentido señaló que la permanencia en la sede ministerial terminará “ni bien se fije una audiencia donde se retome la negociación de la paritaria 2021-2022 con las reglas correspondientes a la negociación colectiva”.
¿Cuál fue la propuesta que rechazaron los trabajadores?
En la negociación fallida que culminó con la toma del cuarto piso del edificio, les ofertaron una paritaria “del 38% cuando las proyecciones oficiales (de inflación) llegan casi al 100% para ese periodo, constituyendo un agravio sin precedentes a los trabajadores en su conjunto y una violación flagrante a todas las leyes laborales de nuestro país” afirmaron.
Por otro lado expusieron que además de los reclamos relacionados a lo salarial la protesta se debe a que las empresas líderes del sector ejercieron agresiones verbales, físicas y que han llegado a tener connotaciones de “discriminación racial” con los trabajadores.
Entre los hechos que le atañen a la cúpula jerárquica de las empresas destacaron el “ingreso de policía armada dentro de las plantas, poner en riesgo la vida de un trabajador obligando a un camión de gran porte a salir atravesando una manifestación, pretendiendo imponer en forma autoritaria mayores ritmos de trabajo y eliminar descansos, salvajes descuentos salariales arbitrarios que no tienen relación alguna con los días de paro, constantes suspensiones maliciosas, impidiendo el ingreso de la representación gremial a las plantas y otros tantos hechos que integran la violenta política antisindical y anti-obrera de las patronales avaladas por la pasividad cómplice del ministerio de trabajo y el gobierno”.
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