Unos 150 pacientes que utilizan regularmente cannabis medicinal pueden quedarse sin un suministro esencial para su salud y calidad de vida a partir de una serie de polémicos procedimientos que llevan la firma del intendente San Isidro, Ramón Lanús.
Después de un polémico procedimiento en un centro cannabico de San Isidro, donde irrumpieron inspectores municipales con una orden de dudosa legalidad, la federación de Clubes Cannabicos de la Argentina (Fecca) repudió la acción violenta y manifestó su preocupación por los “centenares” de pacientes que dependen de los productos medicinales que se fabricaban en ese lugar.
El viernes 5 de abril, en la ONG reconocida por el Ministerio de Salud de la Nación “Superfly Cannabis Medicinal”, ubicada en Pirovano al 600 de Martínez (San Isidro) entraron empleados del municipio de San Isidro con una orden de decomiso firmada por el juez municipal de faltas Andrés Rolon del juzgado de faltas Nro 1 de San Isidro.
Según sospechan en la entidad damnificada, todo fue ordenado por el nuevo intendente del distrito, Ramón Lanús.
San Isidro fuera de la ley
Al otro día hubo otro operativo pero más violento. A las 7:30 de la mañana con la misma insistencia y amenazando con armas a los pacientes que querían evitarlo, concretaron el secuestro que según los inspectores era “para acabar con un vivero ilegal”.
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Según pudo saber Infocielo, la Defensoría del Pueblo de la Provincia evalúa intervenir para respaldar la postura de la ONG. Los asesores legales de la entidad provincial revisan las actuaciones para ver si acuden a la Justicia penal o tomar otro camino para denunciar lo que consideran un “atropello” y un “grave ataque contra entidades dedicadas al cannabis medicinal”.
Los empleados municipales exigieron ingresar al domicilio “por las buenas o por las malas”, primero mintiendo y luego utilizando la fuerza, alegando que La ONG de la salud “Superfly” (asociación habilitada por el Ministerio de Salud y que se rige bajo la ley de cannabis medicinal 27.350) no contaba con habilitación municipal.
150 pacientes en riesgo
Durante el fin de semana, el municipio que conduce Lanús ordenó el decomiso y destrucción de la mercadería hallada en el local. Eran unas 300 plantas (aunque la comuna dijo que había 1.000). Se hizo –dicen en Fedecca- sin cadena de custodia judicial y sin orden de un juez, en el cementerio de Boulogne.
Desde FECCA, la federación de Clubes Cannabicos de la Argentina, aclaran que estas ONG no necesitan habilitación municipal puesto que el REPROCANN (Registro de Producción de Cannabis, creado por la ley) autoriza el cultivo domiciliario, a la vez que esta decisión “pone en riesgo la salud de 150 pacientes de una ONG que atiende a muchas personas con cáncer y enfermedades terminales”.
Los abogados de la (FeCCA), Juan Palomino y Alejandro Maronna, explicaron que lo que querían decomisar ilegalmente era medicina para pacientes con patologías, registrados en REPROCANN, que estaban atentando contra su salud y que existía una presentación judicial esperando resolución.
La tarea de los clubes cannabicos y las asociaciones son importantes para garantizar el acceso seguro a cannabis medicinal de calidad y también educan, instruyen y generan un bienestar en los pacientes que utilizan esta fitoterapia como paliativo para cientos de patologías. Además, ayuda al combate del narcotráfico evitando que los pacientes tengan que conseguir la medicina en el mercado informal, explicaron en Fecca. “De hecho para eso nació el registro del programa cannabis” aseguró Palomino.
El estado municipal de San Isidro entró por la fuerza, amenazo a los pacientes y tiro más de 500 plantas medicinales a la basura, dejando sin aceite a los 150 pacientes que debían retirar este mes su medicina, agregó Palomino.
