El intendente de Rojas, Román Bouvier (UCR) prendió el ventilador y lanzó duras acusaciones que, de probarse, podrían alcanzar al exalcande y actual diputado provincial, Claudio Rossi.
Bouvier, exfuncionario y del mismo partido de Rossi, reconoció haber sido testigo de pedidos de coimas por parte de empresarios del sector de la obra pública, como así también que recibió amenazas y hasta un atentado cuando le cortaron el freno de su camioneta.
“Me ha tocado vivirlo de manera personal, adentro de este despacho. Siempre está el que quiere sacar ventaja económica del Estado, y es el mismo que reclama que la política cambie. El equipo que conformamos va en contra de todo eso y buscamos lograr la totalidad el control de los recursos y en mejorar la eficiencia en cada una de las áreas”, dijo a diario Núcleo.
En ese plano, el intendente lanzó: “Todos sabemos quién es quién en Rojas y quiénes se enriquecieron con la obra pública. Hasta hace pocos meses seguíamos sufriendo amenazas, pero estoy muy tranquilo del camino que emprendimos”.
Al ser consultado por su reacción, Bouvier aseguró que los “echó a la mierda del despacho” y añadió: “Discúlpame la expresión, pero estas cosas me enojan mucho. Mi primera reacción fue levantarme y abrirles la puerta, porque uno lucha con conflictos de intereses y estamos dando batallas grandes”.
Lo llamativo es que Bouvier ocupó el cargo de director de Tierras durante la gestión de Rossi y llegó al cargo “con el objetivo de fortalecer a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos” del Municipio.
En tanto, desde Unión por la Patria se hicieron eco de las declaraciones y de inmediato pidieron que se audite la obra pública. En el marco de una conferencia de prensa encabezada por el jefe de bloque Ramiro Baguear, señalaron que se trata de un caso de “gravedad institucional”.
“Ante estas declaraciones iniciamos desde el bloque de concejales de Unión por la Patria el pedido de una auditoria de la obra pública”, marcó Baguear, quien afirmó que además se presentarán con una denuncia en el Tribunal de Cuenta, en tanto que un estudio jurídico actuará de oficio en una causa penal.
“Nos parece de extrema gravedad que un intendente denuncie corrupción a su antecesor luego de haber sido funcionario del mismo y de haber aprobado las rendíciones de cuenta como concejal oficialista”, agregó.
